La crisis del PAMI atraviesa uno de sus momentos más delicados en años y empieza a mostrar señales concretas de deterioro en todo el sistema de atención. Médicos de cabecera denuncian que hoy están cobrando menos de $1.000 por consulta, una cifra que consideran directamente insostenible, mientras el conflicto escala con paros, amenazas de renuncias masivas y una creciente preocupación entre los jubilados que dependen de la obra social. Todo esto ocurre en el marco de un fuerte ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei, que ya impacta de lleno en uno de los sectores más sensibles.
El origen del problema está en el cambio del sistema de pagos. El Gobierno eliminó el esquema que reconocía cada consulta médica y lo reemplazó por una cápita fija de apenas $2.100 por afiliado, independientemente de cuántas veces ese paciente necesite atención en el mes. Esto implica que un médico puede atender decenas o cientos de consultas sin percibir un ingreso adicional. Cuando se divide ese monto por la cantidad real de atenciones, el resultado es brutal: consultas pagadas a valores que en muchos casos no llegan a los $1.000, una cifra que no cubre ni los costos básicos de funcionamiento de un consultorio.
El impacto en los ingresos es directo. Profesionales que hasta hace semanas podían sostener su actividad con un sistema mixto —cápita más pago por consulta— hoy aseguran que están cobrando hasta un 50% menos, perdiendo además incentivos por formación, controles anuales y prestaciones específicas. Muchos médicos ya advierten que trabajar con PAMI dejó de ser viable, y empiezan a evaluar dejar de atender a afiliados, lo que abriría un escenario crítico en la atención primaria.
En Tucumán, la situación ya se tradujo en medidas concretas. Cientos de médicos iniciaron paros, suspendieron turnos y limitan la atención a urgencias, en una señal clara de que el sistema empieza a resentirse. Pero el problema no es solo local: se replica en todo el país, con profesionales que denuncian una sobrecarga laboral creciente, más exigencias administrativas y menos recursos para sostener la atención.
A este cuadro se suma otro factor explosivo: la deuda millonaria del PAMI con clínicas, sanatorios y farmacias, que arrastra meses de atraso. Esto ya provoca faltantes de medicamentos, demoras en cirugías, restricciones en turnos y cupos cada vez más limitados, generando un cuello de botella que termina impactando directamente en los jubilados. En muchos casos, los prestadores advierten que no pueden seguir funcionando si no cobran, lo que abre la puerta a recortes aún más profundos.
En medio de este escenario crítico, las declaraciones del ministro de Salud Mario Lugones generaron una fuerte polémica. El funcionario aseguró que el PAMI tiene “una carga muy grande” por la cantidad de afiliados mayores de 80 años, e incluso puso el foco en los centenarios como parte del problema estructural del sistema. La frase cayó en el peor momento posible: con médicos en paro, prestaciones en riesgo y jubilados cada vez más desprotegidos, fue interpretada como una señal del enfoque que predomina en la gestión.
El trasfondo de la crisis también expone tensiones internas en el propio Gobierno. Mientras el área de Salud busca recursos para sostener el sistema, el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, mantiene una política de ajuste que limita el flujo de fondos. La consecuencia es un PAMI desfinanciado, con pagos atrasados y obligado a recortar prestaciones para sostener su funcionamiento, lo que genera un efecto dominó en todo el sistema sanitario.
En la práctica, el panorama es cada vez más complejo. Jubilados que no consiguen turnos, estudios que se postergan, recetas que no se emiten y médicos que dejan de atender, forman parte de una misma crisis que ya no es potencial sino real. El sistema, diseñado para asistir a la población más vulnerable, empieza a mostrar signos de saturación y desgaste.
El riesgo, advierten desde el sector, es que el deterioro se acelere. Si los médicos abandonan la atención por PAMI y los prestadores siguen sin cobrar, el sistema puede entrar en un colapso operativo, con millones de afiliados sin cobertura efectiva. En ese escenario, el ajuste deja de ser una discusión económica para convertirse en un problema social de gran escala.
El conflicto del PAMI se convirtió así en uno de los puntos más sensibles del gobierno de Milei, porque expone el impacto directo del recorte sobre jubilados y profesionales de la salud. Con consultas pagadas a valores mínimos y declaraciones oficiales que generan rechazo, la crisis no solo crece, sino que empieza a golpear en el corazón del sistema sanitario argentino.
