Con una imagen negativa del 72,3%, el legislador Ricardo Bussi aparece hoy como el dirigente con peor valoración pública en Tucumán, según una encuesta reciente de Hugo Haime. El dato lo ubica incluso al nivel de las figuras nacionales más rechazadas del escenario político argentino, como Sergio Massa (-71%) y Máximo Kirchner (-72%), y marca un escenario complejo para cualquier intento de reconstrucción electoral.
Aun así, el referente de Fuerza Republicana comenzó en las últimas semanas a dar señales de reactivación política con vistas a las elecciones de 2027. A través de videos en redes sociales y entrevistas, retomó un discurso centrado en la crítica a la falta de obras tras las inundaciones y en propuestas sobre la situación provincial, en lo que aparece como el inicio de una nueva etapa de posicionamiento público.
El contexto, sin embargo, no es favorable. La credibilidad del espacio que conduce Bussi viene en retroceso desde hace años y sufrió un golpe especialmente fuerte en la última campaña, cuando difundió un video antiguo junto a Javier Milei presentándolo como si fuera actual. La respuesta presidencial fue directa: Milei lo calificó públicamente como “farsante, facineroso y mentiroso”, y dejó en claro que su candidato en Tucumán era Federico Pelli.
Aunque Bussi sostuvo que la ruptura con La Libertad Avanza respondió a diferencias partidarias, el distanciamiento se produjo tras una auditoría que detectó un presunto perjuicio de alrededor de $1.500 millones contra el PAMI, vinculado a la designación de Martín Fernández González, un colaborador de Fuerza Republicana.
Estos días comenzaron a registrarse movimientos en la sede partidaria de Córdoba y Balcarce, históricamente con baja actividad fuera de los períodos electorales, lo que refuerza la idea de que el espacio intenta reorganizarse de cara al próximo turno político.
Sin posibilidad de renovar su banca legislativa en el próximo período, el dirigente debería competir por otros cargos, entre ellos la gobernación o incluso un puesto municipal, en una estrategia que evidencia la necesidad de sostener presencia institucional tras casi tres décadas de trayectoria política, desde su primera elección como diputado en 1997.
En ese marco, y sin alianzas consolidadas ni respaldo nacional visible, Bussi comienza a perfilar lo que sería su octava candidatura a la gobernación, en un escenario marcado por altos niveles de rechazo social y una estructura partidaria que todavía no logra revertir su pérdida de influencia en el electorado tucumano.
