El Ministerio Público Fiscal (MPF) imputó a tres empleados del Instituto de Previsión y Seguridad Social (IPSS) en el marco de una causa por una presunta maniobra de defraudación a la administración pública mediante la venta de Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) falsos, con un perjuicio económico estimado en $27.904.918. En paralelo, surgieron versiones que mencionan a Andrés Jaime como supuesto impulsor o figura vinculada, en medio de sospechas sobre posibles conexiones internas dentro del organismo.
La audiencia de formulación de cargos y pedido de medidas cautelares se realizó el viernes 1 de mayo, a partir de un requerimiento del MPF. La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, conducida por Mariana Rivadeneira, y representada en la audiencia por el auxiliar de fiscal Leandro Abdala.
A los imputados se les atribuyen los delitos de defraudación a la administración pública, en concurso real con defraudación en grado de tentativa y falsificación de instrumento público, en calidad de presuntos coautores.
Uno de los sospechosos fue aprehendido en la terminal de ómnibus cuando intentaba viajar a Córdoba, luego de no haber sido encontrado durante un allanamiento realizado horas antes.
Cómo operaba la maniobra
Según la acusación fiscal, desde enero de 2026 los imputados habrían actuado de manera coordinada para ofrecer a afiliados la obtención de CUD falsos a cambio de dinero, prometiendo a las víctimas cobertura total de prácticas médicas, cirugías y prótesis.
Los certificados eran confeccionados de manera apócrifa y, tras el pago, incorporados por los propios acusados a expedientes administrativos reales dentro del IPSS, aprovechando sus funciones dentro del organismo.
En al menos cuatro casos detectados, las víctimas habrían abonado $1.950.000 en total. A partir de allí, los imputados facilitaban el avance de los trámites, desde la carga de documentación hasta su paso por auditoría médica, logrando en algunos casos la aprobación de prestaciones y autorizaciones de intervenciones o prótesis.
La maniobra fue detectada por el propio organismo al advertirse irregularidades en expedientes. En algunos casos, el circuito fue frenado a tiempo, pero en otros las prestaciones ya habían sido autorizadas, generando el perjuicio millonario.
Para la fiscalía, los acusados falsificaron documentación pública e indujeron a error a las autoridades, que aprobaron trámites basados en información fraudulenta.
Medidas judiciales y causa compleja
El MPF solicitó la prisión preventiva por seis meses, al considerar riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Además, pidió que la causa sea declarada como asunto complejo, lo que fue concedido por la jueza interviniente por el plazo de un año.
En cuanto a las medidas de coerción:
- Uno de los imputados deberá cumplir prisión preventiva bajo arresto domiciliario por dos meses, con monitoreo electrónico.
- Los otros dos quedaron sujetos a reglas de conducta y una caución de $3 millones cada uno.
El nombre de Andrés Jaime en el foco
En paralelo al avance de la causa judicial, comenzó a instalarse una línea de sospecha que excede a los empleados imputados. En ese contexto, aparece mencionado Andrés Jaime, titular de ATEPySS y dirigente con fuerte peso histórico dentro del Subsidio de Salud.
Según versiones que circulan en el ámbito del organismo y el sector sindical, uno de los detenidos tendría vínculos personales con el entorno de Jaime, lo que abrió interrogantes sobre si los imputados actuaban de manera individual o si existía algún tipo de cobertura o relación con sectores de poder interno.
Estas menciones surgen a partir de publicaciones periodísticas y comentarios en redes sociales que señalaron posibles conexiones indirectas, aunque hasta el momento no hay imputación formal contra Jaime ni medidas judiciales en su contra.
La investigación busca determinar si la maniobra fue obra de empleados que actuaban por cuenta propia o si existió algún grado de connivencia dentro del organismo, teniendo en cuenta que los trámites irregulares lograban avanzar dentro del circuito administrativo oficial.
Investigación en curso
La causa continúa con el análisis de celulares secuestrados, cruces de llamadas, contactos y trazabilidad de expedientes, considerados elementos clave para determinar si hay más personas involucradas.
El expediente se centra, por ahora, en la operatoria detectada y en los tres imputados, mientras que las posibles conexiones internas siguen bajo evaluación en una investigación que fue declarada compleja y que podría escalar en función de los resultados de los peritajes.
