La Legislatura de Tucumán comenzará esta semana el tratamiento formal de los proyectos vinculados a Ficha Limpia, en un intento por reunir consensos políticos que permitan avanzar hacia una norma que establezca mayores exigencias para acceder y permanecer en cargos públicos.
El debate se iniciará en el ámbito de la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales, que preside la legisladora oficialista Carolina Vargas Aignasse. Está previsto que participen autores de las distintas iniciativas, representantes del Poder Ejecutivo y otros sectores interesados en impulsar criterios más estrictos de idoneidad institucional.
La decisión política de habilitar la discusión fue impulsada por el vicegobernador Miguel Acevedo, quien dio instrucciones para poner en agenda proyectos que permanecían demorados desde hace semanas e incluso meses por falta de acuerdos parlamentarios.
Fuentes legislativas señalaron que el titular de la Cámara considera necesario destrabar temas pendientes y generar ámbitos de diálogo para acelerar definiciones. En ese marco, también se anticiparon reuniones con presidentes de bloques para intentar acercar posiciones.
En relación específica con Ficha Limpia, la reunión de comisión marcará el inicio de las conversaciones formales. Allí asistirá la fiscal de Estado, Gilda Pedicone, quien expondrá sobre el proyecto remitido por el gobernador Osvaldo Jaldo en noviembre de 2024.
También estarán presentes los impulsores de otras propuestas ya presentadas: una iniciativa de Gerónimo Vargas Aignasse con acompañamiento de Roberto Moreno; otra elaborada por José Macome; y un proyecto encabezado por Silvia Elías de Pérez junto a José Seleme, orientado a modificar la Ley Orgánica de Partidos Políticos en sentido similar.
Carolina Vargas Aignasse explicó que la metodología de trabajo consistirá en escuchar primero a los autores de cada texto, luego convocar a especialistas y académicos para analizar el articulado, y finalmente intentar consensuar una propuesta unificada que pueda llegar al recinto.
La legisladora sostuvo además que abrir el debate representa una “señal institucional potente”, al considerar que expresa un compromiso con una democracia más transparente, íntegra y acorde a las demandas éticas de la sociedad.
El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo plantea impedir candidaturas y designaciones en cargos públicos a personas con condena confirmada en segunda instancia por delitos graves. Entre ellos se incluyen hechos contra la administración pública, narcotráfico, trata de personas, delitos dolosos contra la vida, lavado de activos, terrorismo, delitos sexuales graves, atentados contra el orden constitucional, lesa humanidad y genocidio. También contempla a deudores alimentarios.
En los fundamentos, el gobernador Jaldo sostuvo que la finalidad no es volver a sancionar penalmente conductas ya juzgadas, sino fijar estándares de idoneidad para quienes pretendan representar a la ciudadanía y ejercer funciones públicas.
Más estricta aparece la propuesta de Vargas Aignasse y Moreno, que busca impedir postulaciones desde la existencia de una condena en primera instancia por delitos similares. Ese criterio preventivo genera reparos en algunos sectores por el debate jurídico que implica.
El proyecto de Macome, por su parte, establece que no puedan competir electoralmente personas condenadas a penas privativas de libertad, aun cuando la sentencia no esté firme o la pena sea condicional, hasta su revocación o hasta diez años después del cumplimiento.
En tanto, la iniciativa encabezada por Silvia Elías de Pérez guarda mayores similitudes con la propuesta oficial, ya que fija la inhabilitación desde una condena ratificada en segunda instancia hasta una eventual revocación posterior o el cumplimiento de la pena.
La discusión sobre Ficha Limpia no es nueva en Tucumán. En septiembre de 2020, el entonces legislador José María Canelada presentó el primer proyecto bajo esa denominación, con lineamientos similares a los actuales. Sin embargo, nunca fue tratado y perdió estado parlamentario.
El debate provincial coincide con una nueva reactivación del tema en el Congreso de la Nación. En un año marcado por la agenda electoral, bloques del PRO, la UCR y la Coalición Cívica volvieron a impulsar una iniciativa para impedir candidaturas de personas condenadas.
Ese proyecto nacional había conseguido media sanción en Diputados en 2025, pero fracasó en el Senado luego de que dos legisladores misioneros modificaran su voto y se retiraran de la sesión.
Con ese contexto de fondo, Tucumán se encamina a una discusión que promete impacto político e institucional, en medio de una creciente demanda pública por mayores estándares de transparencia en la función pública.
