Alicia Valentina Ruiz de los Llanos, presidenta de la Red de Jueces, Fiscales y Defensores de la República, advirtió sobre el uso de afiches anónimos en Buenos Aires y Tucumán que buscan amedrentar a magistrados locales. Según la jueza, la logística detrás de los “escraches” evidencia un fuerte financiamiento orientado a condicionar causas sensibles.
La Justicia de Tucumán se encuentra en estado de alerta tras la difusión de una serie de campañas de hostigamiento y difamación dirigidas contra diversos magistrados de la provincia. En una entrevista concedida a FM La Tucumana, Alicia Valentina Ruiz de los Llanos, titular de la Red de Jueces, Fiscales y Defensores, expresó su “más enérgico y categórico repudio” ante lo que considera un intento directo de desacreditar y amedrentar a quienes deben decidir sobre cuestiones que “molestan a algunos sectores”.
Uno de los puntos más llamativos de la denuncia es la expansión de esta campaña fuera de los límites provinciales. Según Ruiz de los Llanos, los afiches —que califican al sistema local como “la justicia del diablo”— han sido colocados estratégicamente en puntos clave de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo las inmediaciones de la AFIP.
“No entendemos tampoco… es como desacreditar el poder judicial de nuestra provincia en Buenos Aires a nivel nacional”, señaló la magistrada, subrayando que los ataques se centran exclusivamente en magistrados tucumanos que intervienen en causas de alto impacto mediático en la provincia.
La magistrada hizo especial hincapié en que estos actos no representan una protesta ciudadana espontánea. Mientras que las manifestaciones comunes suelen utilizar carteles caseros frente al Palacio de Justicia, esta campaña cuenta con una logística costosa y profesional para su impresión, distribución y pegado tanto en Tucumán como en Capital Federal.
“Esto evidentemente está financiado… se escuda atrás del anonimato porque todos estos panfleteos nunca llevan la firma de nadie”, denunció Ruiz de los Llanos. Para la Red de Jueces, el objetivo es claro: “echar un manto de sospecha” sobre la independencia judicial para presionar los fallos de los magistrados.
Entre los nombres que figuran en los ataques se encuentran integrantes del Poder Judicial como Rivadeneira, Reinoso Cuello, Taboada, Paz Almonacid y Piñeiro. Si bien la jueza evitó señalar a un responsable directo por falta de pruebas concretas, vinculó el hostigamiento con el manejo de causas sensibles, mencionando como ejemplos el caso de los jugadores de Vélez y resoluciones relacionadas con la libertad de prensa.
Incluso destacó la presencia de la cara del exgobernador José Alperovich en algunos panfletos, lo que aumenta el desconcierto sobre la verdadera motivación de quienes orquestan la campaña, ya que Alperovich se encuentra condenado y cumpliendo condena por abuso sexual.
Tal como lo reflejó el periodista y director de El Federalista, Germán García Hamilton, en su última columna, estos episodios de hostigamiento forman parte de una “desmedida y destituyente guerra mediática” impulsada por el diputado nacional, empresario de medios y capo de La Bancaria, Carlos Cisneros. García Hamilton sostiene que Cisneros lanzó a sus “alfiles mediáticos” del multimedio Enterate para librar una batalla en el campo del escrache y el escarnio público, con el fin de evitar dar explicaciones ante la Justicia.
La agresividad de Cisneros respondería a que se encuentra “cercado por la Justicia Federal”. El motivo principal sería el inicio, programado para los días 7 y 8 de mayo, de una investigación por la presunta formación de una asociación ilícita para la trata de personas, causa derivada de la causa Vélez y en la que el magnate de medios, a través de pericias UFED, es señalado como “el de arriba” que daba las órdenes.
Finalmente, Ruiz de los Llanos recordó que la independencia judicial no debe verse como un beneficio corporativo. “No es un privilegio, sino que es una garantía de los ciudadanos… los ciudadanos tienen derecho a ser juzgados por jueces independientes que no estén bajo presión externa ni presión política”, sentenció. Ante la disconformidad con un fallo, recordó que el ordenamiento jurídico prevé recursos legales, por lo que el “escrache” resulta un método incompatible con el estado de derecho.
