La Casa Rosada quiere que empresas y concesiones lleguen al año electoral en manos de privados. Trenes Argentinos quedará afuera del calendario más inmediato.
El Gobierno busca reactivar la agenda con privatizaciones de empresas estatales y concesiones en medio de las tensiones internas. En el Ejecutivo quieren mostrar gestión, acelerar procesos económicos y llegar a 2027 con la mayor cantidad posible de empresas y activos estatales bajo administración privada, concesión o esquemas mixtos. La estrategia va en paralelo al envío de proyectos al Congreso y forma parte del intento de retomar la iniciativa política después de semanas atravesadas por disputas dentro del gabinete.
“Queremos mostrar gestión y que se pueda evidenciar el modelo que proponemos”, agregan. En la Casa Rosada sostienen que el objetivo es que los procesos más avanzados se encaminen durante el segundo semestre de este año. La prioridad no es solo recaudar dólares por ventas o concesiones, sino dejar funcionando nuevos esquemas de gestión antes de la campaña presidencial. En el oficialismo creen que algunos expedientes pueden mostrar impacto concreto en pocos meses, como rutas nacionales con obras en marcha o servicios que pasen a operadores privados antes del verano.
Uno de los procesos que está al caer es Belgrano Cargas. El Ministerio de Economía prevé lanzar en las próximas semanas el esquema para transferir la operación ferroviaria de cargas al sector privado. La definición técnica apunta a dividir el proceso por las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza y permitir ofertas independientes por distintas unidades de negocio: infraestructura, operación ferroviaria y talleres. La intención es evitar un único paquete cerrado y abrir la competencia a operadores que quieran participar solo en una parte del sistema.
Otro expediente que en Balcarce 50 quieren acelerar es el de Correo Argentino. En Nación trabajan para que el proceso salga este año y lo presentan como un caso con mayor margen político que otros servicios públicos. En el corto plazo, además, prevén presentar un balance superavitario de la empresa, que cerca del jefe de Estado describen como el “primero en años”.
Los números del Correo exhiben ingresos corrientes por $774.126 millones y gastos corrientes por $720.308 millones, con un resultado económico positivo de $53.818 millones. Además, a diferencia de otras empresas estatales, no prevé transferencias del Tesoro hacia la compañía; por el contrario, incluye $60.000 millones en transferencias desde el Correo a la Administración Nacional. También contempla ingresos de operación por $754.003 millones, inversiones por $34.745 millones y una baja de dotación de 11.676 empleados a fines de 2025 a 11.436 en diciembre de 2026.
La Hidrovía entró en paralelo en una instancia de definición. El proceso corresponde a la concesión de la Vía Navegable Troncal, el corredor por el que circula buena parte del comercio exterior argentino. El Gobierno ya abrió la etapa económica de la licitación y el proceso quedó cerca de la adjudicación. En la compulsa quedaron posicionadas las firmas belgas Jan De Nul y DEME, que igualaron la oferta económica mínima permitida.
El Ejecutivo también sigue muy de cerca la privatización de Intercargo, la empresa estatal de servicios de rampa y asistencia en tierra en aeropuertos. La Casa Rosada busca vender el 100% de las acciones y adelantó el plazo para la presentación de ofertas al 2 de junio. Incluye activos, contratos, licencias y continuidad operativa en los aeropuertos donde presta servicios. En Balcarce 50 lo ven como uno de los casos que puede cerrarse más rápido, aunque siguen mirando con atención la participación de operadores internacionales.
El caso de AySA ya entró también en el calendario formal. Nación lanzó la licitación para vender el 90% de las acciones del Estado y mantener el 10% restante en manos de los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada. La presentación de ofertas está prevista hasta el 27 de agosto y el esquema contempla la incorporación de un operador estratégico nacional o internacional con experiencia en agua potable y saneamiento.
AySA llega a ese proceso con números mejores que otras compañías estatales, pero todavía con necesidades de financiamiento fuertes. El presupuesto 2026 proyecta ingresos corrientes por $1,633 billones y gastos corrientes por $1,370 billones, todos los ingresos corrientes originados en operación. Sin embargo, el plan de acción también prevé transferencias de capital para obras, finalización de proyectos y compromisos financieros.
Las rutas nacionales son otro frente que el Gobierno quiere mostrar con impacto visible. Economía informó la apertura de sobres para la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, con más de 3900 kilómetros distribuidos en ocho tramos estratégicos. Se presentaron 20 oferentes y la intención oficial es terminar la adjudicación de tramos para que algunos corredores ya estén funcionando durante el verano con obras asociadas. En Nación sostienen que el esquema puede generar además movimiento en la construcción, no solo alivio fiscal por transferencia de operación al sector privado.
El frente energético ya tuvo un avance concreto con la adjudicación de la participación estatal en CITELEC, controlante de Transener, a Genneia y Edison Transmisión por US$356 millones, por encima del precio base de US$206 millones. En el Ejecutivo lo usan como antecedente para mostrar interés privado en infraestructura regulada. Ahora miran otros activos vinculados a ENARSA, centrales térmicas, concesiones hidroeléctricas y procesos que quedaron dentro del mapa de desinversión estatal. También aparecen bajo seguimiento Casa de Moneda y Tandanor, aunque no todos avanzan por el mismo carril jurídico que las empresas habilitadas por la Ley Bases.
El caso más complejo sigue siendo Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT). En la Casa Rosada todavía no hay una definición cerrada y una de las opciones que se evaluó fue transferir la operación a la provincia de Santa Cruz, bajo una lógica similar a la de YMAD con Catamarca. La empresa combina baja atracción de mercado, alto costo fiscal, peso laboral y sensibilidad política territorial.
La excepción más relevante es Trenes Argentinos, que no prevén privatizar este año porque consideran que no están dadas las condiciones para hacerlo sin una suba fuerte del boleto. La apuesta oficial, entonces, es selectiva. En Balcarce 50 quieren acelerar todo lo que pueda mostrar resultados antes de 2027: cargas, rutas, rampas aeroportuarias, agua y saneamiento, correo, energía e infraestructura logística.
