Más de $21.105 millones —unos USD 17.000.000— salieron en billetes por la ventanilla del Banco Macro entre abril de 2025 y marzo de este año, y nadie puede decir quién se los llevó.
Por requerimiento del Banco Central de la República Argentina y en el marco de la Resolución 14/2023 de la Unidad de Información Financiera —que obliga a los bancos a monitorear el destino de los fondos públicos y marca como señal de alerta los retiros de efectivo significativos—, el Banco Macro, agente financiero de la provincia, intimó a la Caja Popular de Ahorros a justificar, uno por uno, beneficiario, clave tributaria, motivo y respaldo de cada extracción.
El requerimiento acorrala a la gestión cisnerista de la Caja y a la actual intervención: por el Acuerdo N° 5183, el Tribunal de Cuentas dictaminó que sus balances “no presentan razonablemente la información” y le reclamó una deuda de más de $3.381 millones con la salud pública en plena pandemia; y una fiscal provincial, Marta Mariana Rivadeneira, investiga al ex interventor cisnerista José Díaz con toda la contabilidad y balances de los últimos 5 años de la Caja ya en sus manos.
El período que el requerimiento abarca no termina con el cisnerismo, sino en marzo de 2026, ya bajo la conducción de la actual intervención del organismo. La organización paraestatal que movilizó USD 9.500 millones en tres décadas de monopolio del juego enfrenta, por primera vez, el protocolo antilavado del Estado —y lo hace mientras difunde un comunicado oficial jactándose de su prevención antilavado—.
El Banco Macro ya había sido epicentro dos veces —las valijas de la Legislatura en 2015 y los cheques por ventanilla que en 2025 pusieron en la mira al hoy ministro Darío Monteros—, y las dos terminaron sin condena.
La diferencia: entonces los billetes se llevaron el rastro; esta vez el rastro quedó escrito, con un artículo de la ley y un sello de recepción fechado el 18 de mayo de 2026.
