La Municipalidad de San Miguel de Tucumán dio un paso en la reconfiguración de su estructura administrativa con la creación de una Secretaría de Ordenamiento y Convivencia, un área orientada a regular la vida urbana y mejorar la relación entre el Estado y los vecinos. Sin embargo, el proceso de puesta en marcha de la nueva dependencia quedó atravesado por un conflicto judicial que involucra al funcionario designado para conducirla.
El fiscal auxiliar Javier González fue nombrado para encabezar la nueva repartición mediante el Decreto Municipal N° 0580, firmado en noviembre por la intendenta Rossana Chahla. Para asumir el cargo, el abogado solicitó una licencia sin goce de haberes en el Ministerio Público Fiscal (MPF), organismo en el que se desempeña actualmente. Ante la falta de una respuesta inmediata, promovió una acción de amparo.
Desde el MPF se indicó que el pedido estaba en evaluación y sujeto a las necesidades del servicio. Finalmente, en febrero, una resolución firmada por el ministro fiscal Edmundo Jiménez rechazó la solicitud. En ese pronunciamiento se sostuvo que el otorgamiento de licencias es una facultad discrecional, orientada a resguardar el interés público y la continuidad del servicio de justicia, y que en este caso resultaba incompatible debido a las funciones consideradas críticas que cumple González dentro de la institución. Además, se remarcó que el derecho invocado no tiene carácter absoluto ni implica una obligación automática para la administración.
La controversia llegó a la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, integrada por los jueces Ebe López Piossek y Sergio Gandur, que resolvió hacer lugar al planteo del fiscal auxiliar. El tribunal declaró la nulidad de la resolución del MPF al considerar que fue ilegítima, al restringir un derecho previsto en la normativa sin fundamentos suficientes ni debidamente acreditados.
Tras el fallo, González —representado por el abogado Alejandro Vittar Escalante— expresó su conformidad con la decisión judicial, al sostener que reafirma principios básicos del Estado de Derecho y delimita los alcances de las facultades administrativas sobre los derechos de los agentes públicos.
De todos modos, su asunción en la estructura municipal aún no está definida. Para que pueda concretarse, deberá dictarse una nueva resolución que autorice la licencia o, en su defecto, que la disputa escale a la Corte Suprema de Justicia, dependiendo de la postura que adopte el MPF frente a la sentencia.
En paralelo, desde el municipio avanzan con la planificación de la nueva Secretaría. El secretario general Rodrigo Gómez Tortosa explicó que la iniciativa responde a cambios en las dinámicas sociales y a una demanda creciente de los ciudadanos por reglas claras, procedimientos simples y canales de atención accesibles. Según detalló, el área tendrá entre sus funciones ordenar el tránsito, fiscalizar el cumplimiento de normas contravencionales, intervenir en el uso del espacio público y aportar al desarrollo del nuevo Código de Planeamiento Urbano.
También se analiza que la nueva dependencia concentre organismos como el Tribunal de Faltas, la Fiscalía Ambiental, la Patrulla de Protección Ciudadana y la Dirección de Vía Pública, con el objetivo de centralizar áreas vinculadas al contacto directo con la comunidad.
Desde el Ejecutivo municipal aclararon que la creación de esta secretaría no implicará un aumento en la estructura, ya que se compensará con la reducción de otras áreas como Institucionales, Capital Humano y Cultura.
En cuanto al conflicto con el MPF, Gómez Tortosa defendió la postura del funcionario designado al señalar que el pedido de licencia se ajusta a prácticas habituales dentro de la administración pública. Además, subrayó la importancia de incorporar perfiles técnicos con experiencia para fortalecer la gestión estatal y brindar respuestas más eficientes a las demandas sociales.
González, abogado y magíster en Políticas Públicas, cuenta con antecedentes en la administración pública y en el Poder Judicial. Tras su designación, manifestó su expectativa de asumir el cargo con un enfoque de cercanía, transparencia y responsabilidad, en línea con los lineamientos de la actual gestión municipal.
