La Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió hoy un fallo histórico al confirmar la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta y ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. La resolución, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, pone fin a un proceso judicial que ha polarizado al país y marca un punto de inflexión en el escenario político, a meses de las elecciones legislativas.


El caso Vialidad: un resumen
La causa Vialidad investigó irregularidades en la adjudicación de 51 obras públicas en Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Kirchner (2007-2015). Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola acusaron a Kirchner de liderar un esquema de corrupción que favoreció al empresario Lázaro Báez, amigo cercano de la familia Kirchner, quien obtuvo el 90% de las licitaciones viales en la provincia, muchas de las cuales quedaron inconclusas pese a pagos millonarios. El desfalco estimado asciende a 84 millones de dólares al tipo de cambio actual.


En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal N°2 condenó a Kirchner a seis años de prisión por administración fraudulenta, aunque la absolvió del cargo de asociación ilícita. La Cámara de Casación Penal ratificó el fallo en noviembre de 2024, y ahora la Corte Suprema, tras rechazar los recursos de queja de la defensa, ha dejado la sentencia firme. Por su edad (72 años), Kirchner podría solicitar prisión domiciliaria, pero la inhabilitación perpetua la descarta como candidata en las próximas elecciones.


Impacto político inmediato
La confirmación de la condena tiene consecuencias devastadoras para el peronismo y el escenario electoral de 2025. Kirchner, quien había anunciado su candidatura a legisladora provincial por Buenos Aires, queda inhabilitada para competir, un golpe directo a su estrategia de liderar la oposición desde el Partido Justicialista, que preside desde 2024. La sentencia llega antes del 19 de julio, plazo para oficializar candidaturas, frustrando sus planes y generando incertidumbre en el peronismo.


El oficialismo, encabezado por Javier Milei, celebró el fallo como un triunfo contra la corrupción. En un mensaje en X, Milei afirmó: “La República funciona y los corruptos han quedado expuestos.” Sin embargo, el gobierno mantiene cautela, consciente de que la condena puede exacerbar tensiones sociales en un contexto de crisis económica.
Dentro del peronismo, la condena profundiza la fragmentación. Mientras sectores kirchneristas, como La Cía y el Movimiento Evita, convocaron a protestas y cortes en autopistas bonaerenses, gobernadores peronistas buscan reposicionarse ante la ausencia de Kirchner como figura central. Axel Kicillof, presente en un reciente acto con Kirchner, emerge como posible heredero, pero enfrenta resistencias internas. La presencia de Sergio Massa y el Frente Renovador en la sede del PJ refleja intentos de unidad, aunque las divisiones persisten.


El debate sobre el “lawfare”

Kirchner y sus seguidores denuncian la condena como un caso de “lawfare”, una persecución política orquestada por el Poder Judicial, medios y sectores de la oposición. En un discurso el 9 de junio, Kirchner afirmó: “Estar presa es un certificado de dignidad,” comparándose con víctimas de persecuciones históricas. Sus aliados, como Wado de Pedro y Jorge Ferraresi, acusaron a la Corte de intentar proscribirla, recordando incluso el atentado contra ella en 2022.
En contraste, sectores anti-kirchneristas celebran el fallo como el fin de la impunidad. La prohibición de ingreso a Estados Unidos impuesta por el Departamento de Estado refuerza esta narrativa.


Escenarios futuros
Con la sentencia firme, el expediente regresa al Tribunal Oral Federal, que ordenará a Kirchner presentarse para cumplir su pena. La posibilidad de prisión domiciliaria dependerá de decisiones judiciales próximas, pero su inhabilitación es irreversible. La Corte descartó la propuesta del fiscal Mario Villar y el procurador Eduardo Casal de agravar la pena a 12 años por asociación ilícita, manteniendo los seis años originales.


El fallo desató reacciones inmediatas. Agrupaciones como SMATA y el Movimiento Evita cortaron autopistas en Buenos Aires, mientras la policía reforzó la seguridad en el Palacio de Tribunales y la sede del PJ. La oposición, liderada por Unión por la Patria, planea una ofensiva diplomática y judicial, insistiendo en la ampliación de la Corte Suprema, una propuesta que enfrenta resistencias del oficialismo.


En el mediano plazo, la condena podría consolidar el discurso anti-corrupción de Milei, pero también galvanizar a los sectores kirchneristas, que ven en Kirchner una mártir política. La polarización, ya aguda, amenaza con intensificarse, complicando la gobernabilidad en un año electoral. El futuro del peronismo dependerá de su capacidad para reorganizarse sin su líder histórica, mientras la sociedad argentina enfrenta un nuevo capítulo de su convulsa historia política.