El gobierno de Javier Milei ha encendido una nueva controversia ambiental al anunciar, este fin de semana, un decreto presidencial que modificará la Ley de Glaciares (N° 26.639), sancionada en 2010 para proteger estos ecosistemas como reservas estratégicas de agua dulce. La medida, que busca ampliar las áreas habilitadas para la explotación minera e hidrocarburífera, fue confirmada por fuentes oficiales tras reuniones en la Casa Rosada, lideradas por el ministro de Economía Luis Caputo y la secretaria de Energía María Tettamanti. Presentada como un paso para “garantizar seguridad jurídica a las inversiones”, la iniciativa ha desatado críticas de ambientalistas y oposición, quienes advierten que podría abrir las puertas a empresas extranjeras, amenazando la soberanía ambiental y los recursos hídricos de Argentina.
El decreto, aún en fase de redacción, propone reducir las zonas protegidas en las áreas periglaciares, limitando la protección a aquellas que cumplan estrictos criterios: una superficie mínima de una hectárea, una duración de al menos dos años y una función hídrica relevante, registradas en el Inventario Nacional de Glaciares. Esto excluiría a muchas zonas montañosas congeladas que actúan como reguladores hídricos, abriendo espacio para industrias extractivas. El oficialismo sostiene que mantendrá restricciones sobre glaciares cubiertos y descubiertos, exigiendo estudios de impacto ambiental, y otorgará mayores atribuciones a las provincias para decidir sobre sus territorios. Sin embargo, la medida reaparece tras su fallido intento de inclusión en la Ley Bases de 2024, eliminada por falta de apoyo legislativo, lo que sugiere una imposición por decreto ante la resistencia parlamentaria.
La noticia coincide con la reciente participación de Milei en el Madrid Economic Forum, donde defendió políticas de desregulación para atraer inversión extranjera. Ambientalistas, como la presidenta de Jóvenes por el Clima Argentina, Nicole Becker, denuncian que el decreto responde a presiones de empresas mineras internacionales, buscando explotar regiones como San Juan y Mendoza, ricas en glaciares. Con más de 16,000 cuerpos de hielo que cubren 8,484 km², Argentina es el segundo país de América Latina con mayor superficie glaciar, un recurso vital frente al cambio climático, donde el Perito Moreno perdió 1.92 km² en siete años, equivalente a 320 canchas de fútbol.
Implicancias de Ampliar la protección a empresas extranjeras
La modificación de la Ley de Glaciares plantea un cambio profundo en las dinámicas ambientales y geopolíticas de Argentina, con implicancias significativas si se amplía el acceso de empresas extranjeras a estas áreas protegidas. Aunque el gobierno argumenta que busca impulsar el desarrollo económico, las consecuencias podrían ser más complejas de lo que el discurso oficial admite.
Riesgo a la soberanía hídrica y ambiental
Los glaciares y zonas periglaciares son reservas estratégicas de agua dulce, esenciales para el consumo humano, la agricultura y la recarga de cuencas hidrográficas en un contexto de sequías crecientes. Permitir la explotación por empresas extranjeras, como la canadiense Barrick Gold o la australiana BHP, podría priorizar ganancias privadas sobre el interés público. Históricamente, proyectos como Pascua Lama han enfrentado resistencias por su impacto en glaciares compartidos con Chile, y un relajamiento de las normas podría reactivar estos conflictos transfronterizos. La dependencia de capital extranjero podría erosionar la capacidad del Estado argentino para regular estos recursos, transformándolos en commodities globales más allá del control nacional.
Presión económica y beneficios desiguales
El argumento de “seguridad jurídica” sugiere que el decreto responde a demandas de inversores internacionales que ven las restricciones actuales como barreras. Sin embargo, esto podría traducirse en beneficios desproporcionados para empresas extranjeras, que suelen repatriar ganancias, dejando a Argentina con royalties limitados y daños ambientales. En provincias como San Juan, donde la minería aporta el 40% de las exportaciones, el incentivo económico es claro, pero el costo ambiental recae en comunidades locales sin voz en la toma de decisiones. La advertencia de la ONU en 2024 sobre la Ley Bases, calificándola de “regresiva”, refuerza la preocupación de que esta medida priorice el lucro sobre la sustentabilidad.
Tensiones geopolíticas y relaciones internacionales
Abrir las zonas periglaciares a empresas extranjeras podría intensificar las tensiones con países y organismos que abogan por la protección ambiental, como la Unión Europea o Chile, que comparte la Cordillera de los Andes. Esto podría complicar las negociaciones comerciales, especialmente si se percibe como una violación de compromisos internacionales sobre cambio climático. Por otro lado, alinea a Argentina con intereses de potencias como Estados Unidos y Australia, socios comerciales clave de Milei, fortaleciendo su narrativa libertaria global. Sin embargo, esta alineación podría alienar a socios tradicionales en América Latina, como Brasil, que ha criticado políticas extractivistas agresivas.
Impacto social y resistencia local
La historia de Argentina muestra que las comunidades locales, como las de Famatina o Tinogasta, han frenado proyectos mineros mediante protestas masivas. Un decreto que facilite la entrada de empresas extranjeras podría avivar estas resistencias, generando conflictos sociales que el gobierno tendría que reprimir, como ocurrió en desalojos violentos en 2012. Organizaciones como Greenpeace advierten que la degradación de glaciares afectaría a millones de personas dependientes de estos recursos, potenciando un movimiento ambientalista que ya cuestiona la legitimidad de Milei tras su reciente gira europea.
Vulnerabilidad climática amplificada
Con el cambio climático acelerando el retroceso de glaciares (el Perito Moreno como ejemplo), cualquier expansión de la explotación podría agravar la pérdida de estos ecosistemas. Expertos del Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (IANIGLA) destacan que las zonas periglaciares regulan el agua en un escenario de temperaturas récord, como los veranos de 2023 y 2024. Permitir actividades industriales en estas áreas, incluso con estudios de impacto, podría ser insuficiente si las empresas priorizan ganancias a corto plazo, dejando a Argentina más vulnerable a sequías y desastres naturales.
Perspectiva crítica
El decreto refleja la apuesta de Milei por un modelo económico basado en la desregulación y la atracción de capital extranjero, coherente con su discurso en Madrid contra el “socialismo”. Sin embargo, la narrativa de “seguridad jurídica” parece más un eufemismo para satisfacer a corporaciones que un plan sostenible. La eliminación de la propuesta de la Ley Bases por falta de apoyo legislativo indica que el gobierno carece de consenso para este cambio, sugiriendo que el uso de un decreto podría ser una maniobra autoritaria para eludir el debate democrático. Mientras el oficialismo promete controles ambientales, la historia de la minería en Argentina —con escándalos como el derrame de cianuro en Veladero— sugiere que la fiscalización será débil, beneficiando a empresas extranjeras mientras las comunidades locales cargan con las consecuencias. Este movimiento podría ser un punto de inflexión, no solo para los glaciares, sino para la identidad de Argentina como nación frente a la globalización extractiva.
Un Futuro en Juego
Mientras las provincias mineras celebran la posibilidad de nuevos ingresos, las voces de alerta crecen en las calles y redes sociales. En un país donde el agua dulce es un tesoro escaso, el decreto presidencial pone a prueba los límites entre desarrollo económico y preservación ambiental, con implicancias que podrían resonar más allá de las montañas argentinas. La decisión final, aún pendiente de publicación oficial, será un termómetro de la dirección que Milei impondrá en su segundo año de mandato.