Pese al acuerdo alcanzado entre el Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para recomponer salarios y reforzar partidas presupuestarias destinadas a universidades, el conflicto en el sistema universitario argentino continúa abierto.
La propuesta fue rechazada por la Conadu Histórica, federación que integra la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (Adiunt), que ratificó nuevas medidas de fuerza mientras sigue en la Corte Suprema la disputa judicial por la Ley de Financiamiento Universitario.
El entendimiento anunciado contempla una recomposición salarial acumulada del 24,33% para docentes y no docentes universitarios, distribuida en dos etapas: un incremento del 21,33% a partir de julio y un adicional del 3% en octubre. Según se informó, la mejora incorpora siete puntos correspondientes a 2024, otros 12,33 puntos vinculados a 2025 y un porcentaje adicional destinado a compensar parcialmente la pérdida salarial acumulada hasta mayo de este año.
Además, las partes acordaron establecer mecanismos para evitar que los haberes del sector continúen deteriorándose frente a la inflación durante 2026 y previeron una nueva instancia de negociación paritaria con los gremios universitarios.
El acuerdo también incluye medidas presupuestarias. Entre ellas figura un aumento del 50% para el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, orientado a estudiantes de carreras consideradas prioritarias para el desarrollo productivo nacional, además de una asignación extraordinaria de $ 50.000 millones destinada a los hospitales universitarios.
Sin embargo, la propuesta no logró consenso entre todos los sectores gremiales. La Conadu Histórica resolvió rechazar formalmente el ofrecimiento y confirmó la continuidad del plan de lucha.
La secretaria general de Adiunt, Anahí Rodríguez, informó que el Congreso de la federación votó mayoritariamente en contra del acuerdo.
“El Congreso de Conadu Histórica, la Federación que nos nuclea, votó a favor de rechazar este acuerdo con 71 votos de los congresistas. Por otro lado se resolvió sostener y ratificar el paro de la próxima semana, del 16 al 20 de junio”, señaló la dirigente sindical.
Rodríguez cuestionó además el trasfondo político de la negociación y sostuvo que el acuerdo podría tener impacto sobre la discusión judicial vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario.
“Este supuesto acuerdo es una suerte de operación política que busca tirar abajo la ley de financiamiento universitario. Con la firma de todas las partes, el Gobierno ahora irá a la Justicia y va a pedir la nulidad de la causa. Ese es su objetivo”, afirmó.
Desde la conducción gremial sostienen que la recomposición salarial incluida en el entendimiento resulta insuficiente frente a la pérdida acumulada del poder adquisitivo. Según explicó Rodríguez, mientras la propuesta oficial prevé una recuperación del 24,33%, la Ley de Financiamiento Universitario impulsaría una recomposición cercana al 55% para el período comprendido entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, además de contemplar revisiones salariales trimestrales.
“Ahora el Gobierno pretende cerrar el conflicto universitario dándonos el 21% y patear para 2027 el resto, además de eliminar la lucha por la ley de financiamiento universitario”, cuestionó.
La dirigente también puso en duda uno de los anuncios destacados por el Ejecutivo: el incremento del 50% en las Becas Estratégicas Manuel Belgrano. A su criterio, el beneficio alcanza a un universo limitado de estudiantes y no resuelve la situación de quienes dependen de otros programas de asistencia.
“Las becas Manuel Belgrano son únicamente para carreras estratégicas, es decir, cobran solo un grupo de estudiantes. Por el contrario, las becas Progresar son para todos y siguen congeladas en $ 35.000”, advirtió.
En ese contexto, desde Adiunt consideran que el rechazo al acuerdo podría extenderse más allá de las estructuras gremiales tradicionales. Rodríguez aseguró que en distintas universidades del país comenzaron a multiplicarse asambleas, reuniones y espacios de autoconvocatoria que cuestionan la propuesta salarial aceptada por otros sectores sindicales.
“Hubo federaciones que firmaron este acuerdo, pero hay procesos en estos momentos, con asambleas y autoconvocatorias de docentes, que votaron masivamente rechazar estas ofertas. Esto va a generar el avance de la lucha pese a las propias dirigencias sindicales”, sostuvo.
De esta manera, mientras el Gobierno y el CIN intentan avanzar en una salida negociada para el sistema universitario, el rechazo de una parte importante del sector docente mantiene abierto el conflicto salarial y presupuestario, en un escenario atravesado además por la discusión judicial sobre el futuro financiamiento de las universidades públicas argentinas.
