La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) atraviesa uno de los escenarios institucionales más delicados de los últimos años y la próxima semana aparece como decisiva para resolver una disputa que mantiene paralizado el proceso electoral de la casa de altos estudios.
Con la elección de autoridades suspendida por orden judicial y una conducción transitoria al frente del Rectorado, la atención está centrada en la resolución que deberá adoptar la Justicia Federal antes del 10 de junio, fecha fijada para la realización de la Asamblea Universitaria.
El conflicto tiene su origen en la candidatura del actual rector, Sergio Pagani, quien aspira a competir por un nuevo período acompañado por Mercedes Leal. Sin embargo, la postulación fue cuestionada por el sector opositor, encabezado por Miguel Cabrera y Virginia Abdala, que sostiene que el Estatuto reformado de la UNT, aprobado en 2024, limita la permanencia en el Rectorado a un máximo de dos mandatos consecutivos.
La controversia escaló hasta la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, que hizo lugar a una medida cautelar y dispuso la suspensión provisoria de la candidatura de Pagani. Aunque todavía no existe una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión, la decisión judicial modificó por completo el calendario electoral previsto por la universidad.
Como consecuencia directa de esa resolución, el Consejo Superior se vio obligado a postergar la Asamblea Universitaria que originalmente debía desarrollarse el 20 de mayo para elegir a las nuevas autoridades.
La situación se tornó aún más compleja debido a que, mientras continúa la disputa judicial, los mandatos de Sergio Pagani y de la vicerrectora Mercedes Leal concluyeron formalmente.
Ante este escenario, la conducción institucional quedó transitoriamente en manos de la decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Cristina Grunauer de Falú, quien asumió la responsabilidad de encabezar la administración universitaria hasta que se concrete la elección de las nuevas autoridades.
La proximidad de la Asamblea Universitaria prevista para el 10 de junio abre ahora distintos escenarios posibles. Uno de ellos contempla que la Justicia habilite nuevamente la candidatura de Pagani, permitiéndole competir en los comicios universitarios. Otra alternativa es que se confirme la medida cautelar y quede definitivamente excluido de la contienda electoral.
También existe la posibilidad de que la resolución judicial obligue a una reformulación de la estrategia política del oficialismo universitario, lo que podría derivar en una reconfiguración de la fórmula que actualmente encabeza el espacio gobernante dentro de la UNT.
Mientras tanto, la universidad continúa inmersa en una situación inédita, atravesada por tensiones políticas, debates estatutarios y decisiones judiciales que exceden una simple disputa electoral.
La interpretación de los límites a la reelección establecidos en el nuevo Estatuto se transformó en el eje central de un conflicto que no solo definirá quién conducirá la UNT durante los próximos años, sino también el alcance institucional de las reformas aprobadas recientemente.
Con la cuenta regresiva en marcha hacia la Asamblea Universitaria, la resolución que adopte la Justicia Federal en los próximos días será determinante para definir el futuro político de la principal casa de estudios de Tucumán y para establecer un precedente que podría influir en la vida institucional universitaria durante los próximos años.
