La Legislatura ratificó por amplia mayoría el DNU mediante el cual el gobernador Osvaldo Jaldo designó a la abogada Ingrid Lausberg como subinterventora administrativa financiera del Ersept. La decisión generó fuertes cruces en el recinto, donde la oposición cuestionó tanto el nombramiento como el uso de decretos de necesidad y urgencia.
La sesión estuvo presidida por el vicegobernador Miguel Acevedo y tuvo más de una veintena de temas en debate. Uno de los puntos más polémicos fue la incorporación de Lausberg en un ente que lleva dos años intervenido y que tiene al radical José Ricardo Ascárate al frente.
Desde el oficialismo, la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales, Carolina Vargas Aignasse, sostuvo que la designación sigue la lógica de los decretos anteriores que dispusieron la intervención del Ersept y el nombramiento de Ascárate. “Es una incorporación al decreto que da origen a los anteriores”, señaló.
La oposición, en cambio, rechazó la medida y advirtió que se profundiza la intervención del organismo. El legislador Agustín Romano Norri firmó un dictamen en minoría contra el DNU y cuestionó el argumento de la urgencia. “O están poniendo a alguien para controlar o están pagando algún favor”, planteó.
También hubo críticas por el uso recurrente de DNU por parte del Poder Ejecutivo. Claudio Viña ironizó que los decretos sobre el Ersept conforman una obra en tres actos: la intervención del ente, la designación de Ascárate y la creación del cargo de subinterventora. “¿Cómo se llama la obra? ‘Ascárate, te estoy controlando’”, lanzó.
En la misma línea se expresaron los radicales José Cano, Silvia Elías de Pérez y José Seleme. Cano cuestionó que los entes autárquicos terminen funcionando como un apéndice del Poder Ejecutivo y calificó el nombramiento como otro “conchavo político”. Elías de Pérez sostuvo que “intervienen la intervención” y objetó que se designe a una abogada para atender cuestiones administrativas y financieras. Seleme afirmó que “la emergencia parece ser seguir creando favores políticos”.
El peronista Gerónimo Vargas Aignasse defendió el DNU y rechazó los cuestionamientos opositores. Sostuvo que se trata de una atribución constitucional y comparó el uso de esa herramienta con los decretos dictados durante la presidencia de Mauricio Macri. Además, consideró una “generosidad” de Jaldo enviar el DNU a la Legislatura, ya que, según planteó, podría haber designado la subintervención por decreto simple.
Durante la misma sesión, la Legislatura también aprobó 14 pliegos destinados a cubrir vacantes en el Poder Judicial. Entre ellos, se ratificó la designación de Lucas Taboada como juez del Colegio de Jueces Penales de Monteros, aunque su nombramiento recibió objeciones de varios legisladores.
También fueron aprobados los pliegos de Melisa Velia Hanssen Giffoniello, María del Carmen Negro, Florencia Presti, Juan Pablo Flores, Guillermo Puig, Ileana Melchiori, Patricio Prado, Leandro David Abdala, Gabriela Marta Soledad Argañaraz, Hassan Kamel Dip, Criss Rosa Luz Correa, María Hernández y María Ganín Brodersen.
