Los integrantes de la única fórmula inscripta y validada exigieron a la Junta Electoral no frenar la Asamblea del próximo miércoles tras el revés judicial que frenó la inscripción ilegal de Sergio Pagani, que buscaba conducir la UNT por tercer período consecutivo. El fin de semana, a través del centenario diario La Gaceta, el saabismo deslizó la posibilidad de reabrir candidaturas fuera de término, lo que sería un acto nulo que busca fabricar un “traje a medida” para el oficialismo bajo riesgo de acefalia y denuncias penales.
Tras la exclusión de Sergio Pagani por su inscripción ilegal para un nuevo mandato de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), el saabismo pretende ahora que la Junta Electoral, conducida por el cuestionado y amigo de José Hugo Saab, Fernando Valdez, funcione como un brazo ejecutor para borrar con el codo el cronograma aprobado por el Consejo Superior. Los doctores Miguel Ángel Cabrera y Virginia Abdala presentaron un documento este lunes en la junta, donde advirtieron que cualquier intento de postergar la Asamblea para “inventar” nuevos candidatos no es una salida jurídica, sino una operación política nula que arrastra a la UNT hacia la acefalia y coloca a los miembros de la Junta en la antesala de delitos de abuso de autoridad y desobediencia judicial.
Lo que la Justicia Federal frenó el pasado jueves fue una inscripción ilegal, no el proceso electoral en su conjunto. Sin embargo, el oficialismo regente universitario, encabezado por Saab, se dedicó el fin de semana a hacer trascender a través de medios como La Gaceta y Contexto una interpretación forzada del fallo: la posibilidad de que la Junta Electoral suspenda la Asamblea del próximo miércoles para reabrir candidaturas y “coser” un nuevo traje a medida del saabismo. Ante esta maniobra, Cabrera y Abdala presentaron una durísima ampliación de su postura, advirtiendo que cualquier intento de postergación constituiría un acto nulo de nulidad absoluta y un desvío de poder.
El argumento central de la única fórmula validada se apoya en la doctrina de la Cámara Nacional Electoral, que establece que los procesos electorales se rigen por etapas preclusivas con plazos perentorios. Según el escrito presentado, permitir que estos plazos se amplíen atentaría contra la seguridad jurídica y la celeridad que deben regir estos actos, ya que no es posible prolongar el proceso sin dañar su naturaleza misma. En términos llanos: la Junta Electoral, conducida por Fernando Valdez, no tiene facultades para modificar el cronograma que el Honorable Consejo Superior aprobó, y cualquier intento de hacerlo colocaría a sus miembros bajo el riesgo de incurrir en delitos de abuso de autoridad y desobediencia judicial.
Miguel Ángel Cabrera y Virginia Abdala.-
La nota presentada por los candidatos no solo es un recordatorio jurídico, sino una advertencia sobre las consecuencias institucionales para la UNT. De no celebrarse la Asamblea el 20 de mayo, la universidad entraría en una situación de acefalia, dado que el Estatuto exige que las nuevas autoridades sean electas en la segunda quincena de mayo. En el actual contexto de tensión con el Gobierno Nacional, esta fragilidad institucional abriría la puerta a una intervención externa de consecuencias imprevisibles.
La estrategia del saabismo durante toda la campaña quedó ahora al desnudo. Mientras Cabrera y Abdala recorrieron las facultades con un programa conocido desde febrero, el oficialismo construyó una mayoría de 11 decanos en silencio, sin debate público y ocultando su fórmula (Pagani-Leal) hasta el último minuto para evitar reacciones. Tras la exclusión de Sergio Pagani por cumplir dos mandatos consecutivos —un límite que el Estatuto marca con claridad—, el campo electoral quedó con una sola fórmula válida. Según el artículo 114 del Estatuto y el 81 del Reglamento Electoral, esto debería conducir a la proclamación directa de Cabrera y Abdala.
La Junta Electoral tiene sobre su escritorio una decisión que definirá el futuro de la casa de altos estudios: acatar la legalidad vigente o convertirse en una “junta de facto” al arrogarse atribuciones del Consejo Superior. Los denunciantes ya han dejado claro que no retrocederán: cualquier maniobra para “reinventar” el proceso electoral bajo el pretexto del fallo judicial será respondida con las correspondientes denuncias penales y acciones judiciales ante la justicia federal.
