La reciente designación del nuevo Defensor del Pueblo de Tucumán reactivó el debate sobre el funcionamiento interno del organismo, su estructura administrativa y el volumen de recursos que maneja. Un informe elaborado en el ámbito parlamentario, puso bajo la lupa el organigrama de la institución, la cantidad de personal y la fuerte incidencia del gasto salarial dentro de un presupuesto que este año superaría los $ 10.000 millones.
Según los datos difundidos, uno de los principales cuestionamientos apunta a la complejidad de la estructura jerárquica, con áreas que presentan funciones similares o superpuestas. Entre los ejemplos señalados figuran una Secretaría de Relaciones Institucionales, una Dirección de Relaciones Institucionales, una Secretaría Ejecutiva IX de Relaciones Públicas, Protocolo y Ceremonial, y una Oficina de Relaciones Públicas, Protocolo y Ceremonial.
Observaciones similares recaen sobre el área de Desarrollo y Monitoreo Institucional, donde conviven una Secretaría, una Secretaría Ejecutiva XII, una Subsecretaría, una Dirección, una Subdirección y una Oficina con denominaciones vinculadas al mismo eje de trabajo.
A ello se suman otras cinco dependencias destinadas a tareas de “Despacho”, además de cinco secretarías de máxima jerarquía, ubicadas por debajo únicamente del Defensor del Pueblo y de los dos defensores adjuntos. También existen cinco Secretarías Ejecutivas diferenciadas únicamente por numeración romana.
De acuerdo con la investigación, la Defensoría completa su esquema interno con 60 oficinas con rango jerárquico. Por debajo de esa estructura se ubican empleados administrativos ejecutivos y personal sin funciones específicas determinadas en las planillas oficiales.
En total, la planta permanente asciende a 486 trabajadores, a los que se agregan entre 250 y 300 contratados, cifra que varía cada año. El relevamiento también detectó una importante presencia de apellidos vinculados políticamente o asociados a parentescos dentro de la administración, aunque la nómina no fue difundida públicamente por razones de privacidad.
El análisis presupuestario también generó fuertes críticas. En 2025, el organismo cerró con partidas por $ 8.700 millones, de los cuales el 97% fue destinado al pago de salarios. Para 2026, la proporción sería similar: 96,87%.
Sobre un presupuesto proyectado inicialmente en $ 9.200 millones, que según estimaciones terminaría superando los $ 10.000 millones al cierre del ejercicio, alrededor de $9.000 millones se asignarían a Gastos de Personal. El resto se distribuiría entre $ 120 millones para Servicios no Personales, $ 90 millones para Bienes de Uso y $ 80 millones para Bienes de Consumo.
El informe vinculó esos números con la fuerte disputa política que rodeó la elección del nuevo titular del organismo, sosteniendo que “no se eligió un defensor del pueblo, se pagaron favores políticos”, y cuestionando además la designación de Agustín Fernández, nombre que desde semanas antes aparecía como favorito en el ámbito legislativo y respaldado políticamente por el gobernador Osvaldo Jaldo.
“El elegido fue un dirigente político cuando debería haberse designado a alguien independiente, idóneo y con autoridad moral para controlar al poder y defender a los vecinos”, sostuvieron desde el sector político que impulsó el estudio.
También cuestionó la magnitud de la estructura administrativa y consideró que el organismo podría funcionar con una planta mucho menor, afirmando que con diez abogados, diez administrativos y dos personas para tareas generales sería suficiente.
Afirman también que la elección no respondió al fortalecimiento institucional del organismo, sosteniendo que lo que se hizo fue volver a usar al Estado como una agencia de colocación para los amigos.
Agustín Fernández, por su parte, fue elegido el viernes 6 de marzo como nuevo Defensor del Pueblo con 38 votos afirmativos, mientras Claudia Boyanovsky obtuvo seis adhesiones y se registraron cuatro abstenciones.
Fernández cuenta con una extensa trayectoria política: fue concejal en Aguilares, intendente de esa ciudad en tres oportunidades durante las gestiones de José Alperovich y posteriormente diputado nacional.
Inicialmente se habían presentado 46 postulantes para ocupar el cargo. Luego del proceso de selección, la lista quedó reducida a una terna integrada por Fernández y los abogados Claudia Boyanovsky y José Alcaraz.
Consultado tras su designación, el flamante titular del organismo adelantó que revisará el presupuesto y las funciones del personal antes de emitir definiciones. “No puedo adelantar nada sin conocer bien la situación”, indicó, al tiempo que buscó transmitir tranquilidad a los trabajadores.
También señaló que evaluará cuáles son los temas urgentes pendientes heredados de la gestión anterior.
La Defensoría del Pueblo de Tucumán fue creada en 1995 mediante la Ley 6.644. La norma establece que se trata de un órgano independiente destinado a la defensa y protección de los derechos fundamentales de los habitantes.
Además, la legislación vigente le asigna intervención frente a posibles abusos de la administración pública y de los poderes del Estado. Sin embargo, el debate actual vuelve a poner en discusión si ese objetivo institucional se corresponde con el funcionamiento real del organismo.
