Ante la seguidilla de amenazas de tiroteo en escuelas tucumanas, el gobernador Osvaldo Jaldo dispuso una política de “tolerancia cero” y autorizó aprehensiones, expulsiones y sanciones para los estudiantes involucrados.
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, firmó un decreto para reforzar los protocolos de seguridad en las escuelas de la provincia tras las amenazas de ataques detectadas en dos establecimientos de la capital, y estableció sanciones más estrictas para los responsables, incluyendo el posible traslado al Instituto Cura Brochero, ubicado en Benjamín Paz, bajo intervención judicial.
La decisión se adoptó luego de los mensajes intimidatorios hallados en el Colegio San Francisco y en el Instituto Guillermina, donde se advertía sobre un supuesto tiroteo. A partir de esos hechos, intervino la Policía, tomó participación la fiscalía y se desplegaron medidas preventivas durante el ingreso de los alumnos.
El decreto establece una serie de puntos concretos para actuar ante este tipo de situaciones:
– Activación inmediata de protocolos de seguridad, con intervención policial y notificación al Ministerio Público Fiscal ante cualquier amenaza.
– Presencia preventiva de efectivos en los accesos a los establecimientos educativos cuando se detecten situaciones de riesgo.
– Coordinación directa entre Educación, Seguridad y la Justicia para investigar los hechos y actuar con rapidez.
– Controles internos a cargo de directivos y docentes, sin requisas directas por parte de la Policía.
– Identificación y sanción de los responsables, aun cuando se trate de menores de edad.
– Posible traslado de los autores de amenazas al Instituto de Rehabilitación Cura Brochero, conforme lo disponga la autoridad judicial competente.
– Intervención de equipos interdisciplinarios, con asistencia psicológica y social para abordar estas conductas dentro del ámbito educativo.
El jefe de Policía, Joaquín Girvau, confirmó que la investigación ya está en marcha y que se busca identificar a los responsables de los mensajes. También remarcó que se avanzará “hasta las últimas consecuencias” para frenar este tipo de prácticas.
Las clases en los colegios involucrados se desarrollaron con normalidad, aunque con presencia policial y controles preventivos. No se detectaron armas ni elementos que indiquen un peligro concreto.
El decreto apunta a endurecer la respuesta del Estado frente a este tipo de amenazas, que generan alarma en la comunidad educativa, y a establecer un marco claro de actuación para evitar que estos episodios se repitan en Tucumán.
