El gobernador Osvaldo Jaldo confirmó que el Gobierno de Tucumán dio marcha atrás con tres expropiaciones clave y defendió la decisión con un mensaje directo al empresario Emilio Luque, en medio de la polémica por el frustrado proyecto del Centro Multimodal de Cargas. “Hoy no lo va a cobrar”, lanzó el mandatario al referirse al juicio que el privado mantenía contra el Estado.
La medida fue anunciada en conferencia de prensa junto a la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, y se fundamenta en la falta de financiamiento para obras de gran magnitud y el riesgo de condenas millonarias contra la Provincia.
El conflicto se desató tras el desistimiento de la expropiación de 159 hectáreas en Cevil Pozo, donde se proyectaba el nodo logístico. Según explicó Jaldo, continuar con ese proceso implicaba una posible sentencia superior a los $5.500 millones, lo que ponía en jaque las cuentas públicas. “Nos adelantamos a la sentencia desistiendo de las expropiaciones y evitamos una condena millonaria que hubiese afectado servicios esenciales como salud, seguridad y educación”, sostuvo.
En ese contexto, el Gobernador fue contundente frente a las críticas del empresario: “A mí me preocuparía que Emilio Luque esté contento, porque seguramente le estaría cobrando a la Provincia. Hoy no lo va a cobrar”, afirmó, marcando la postura oficial de priorizar el resguardo del erario público.
La decisión abarca además otros dos proyectos: una obra de electrificación en El Espinillo y un plan habitacional de alrededor de 700 viviendas. Ninguno cuenta actualmente con financiamiento nacional ni internacional, lo que llevó al Ejecutivo a frenar los procesos para evitar litigios costosos.
Desde el punto de vista económico, el Gobierno aseguró que la medida no solo evita una eventual condena superior a los $5.000 millones, sino que también permitirá recuperar cerca de $2.000 millones ya depositados en el marco de los juicios.
Por su parte, Pedicone de Valls explicó que el desistimiento es una herramienta legal que permite al Estado dejar sin efecto la expropiación antes de la sentencia y solicitar la devolución de los fondos. “Hemos pedido a la Justicia paralizar los procesos y reintegrar el dinero”, indicó.
En paralelo, Jaldo remarcó que la gestión viene avanzando en la recuperación de tierras públicas. Según detalló, desde octubre de 2023 se recuperaron casi 1.000 hectáreas que estaban en posesión irregular y que serán destinadas a proyectos planificados.
Mientras tanto, Luque había cuestionado duramente al Gobierno, al que acusó de ser “mal pagador” y denunció años de litigio y pérdidas económicas vinculadas a la paralización de sus tierras. Sin embargo, la Provincia ratificó que la prioridad es evitar compromisos financieros que no puede afrontar en el actual contexto.
Con esta decisión, el Ejecutivo provincial busca ordenar las cuentas, evitar juicios millonarios y concentrar los recursos en áreas esenciales, en un escenario marcado por la caída del financiamiento nacional para obras públicas.
