El Gobierno puso en marcha un esquema de emergencia para atender la crisis financiera del PAMI, la obra social de los jubilados y pensionados. La deuda millonaria que arrastra el organismo con las clínicas, sanatorios y hospitales privados que atienden a sus afiliados gatilló reuniones de urgencia, en donde se resolvieron medidas para evitar un colapso del sistema de salud que depende del instituto.
El plan terminó de definirse en un encuentro secreto que habrían mantenido el jueves pasado el ministro de Economía, Luis Caputo, con su par de Salud, Mario Lugones, tras los intercambios entre sus equipos técnicos el día previo en el Palacio de Hacienda. Si bien desde Economía no confirmaron la reunión, fuentes oficiales y del sector privado aseguran que existió y que hubo luz verde.
Pese a la orden de Caputo de recortar gastos, los privados aguardan la inyección de fondos frescos al PAMI esta semana. Economía le debería unos $ 1,40 billones (el 14% de su presupuesto de $10,17 billones en 2026), según cálculos privados. También se discute restringir prestaciones por las restricciones presupuestarias. De esa forma, buscan descomprimir las tensiones con los prestadores.
“Van a liberar plata para pagarle a los prestadores, pero en el futuro van a ajustar los servicios porque el presupuesto no alcanza para todo”, dijeron en una de las cinco cámaras empresarias que el miércoles se reunió con el titular del PAMI, Esteban Leguizamo, para hacerle una radiografía del sector, donde proliferan los cupos de atención, el pago de sueldos en cuotas y los copagos irregulares.
Estas son algunas de las situaciones que denuncian desde el interior y la provincia de Buenos Aires. El 95% de los establecimientos nucleados en la Federación de Clínicas bonaerenses (Fecliba) trabaja con afiliados del PAMI y ya elevó quejas. “Hay una deuda de $ 500.000 millones con prestadores de todo el país, incluyen a clínicas, sanatorios, médicos y farmacias”, dijeron desde Fecliba.
El PAMI ya viene haciendo ajustes. Primero redujo la atención de los médicos de cabecera del instituto a un cupo mensual.Y en las últimas horas se conoció la resolución 1107/2026, que modificó el esquema de sus ingresos con carácter retroactivo al 1° de abril, por lo cual la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral (APPAMIA) inicio de un paro de 72 horas desde este lunes.
Según el gremio, la modificación implica un recorte salarial. Hasta ahora, los profesionales cobraban en función de la cantidad de afiliados asignados junto con adicionales por consultas presenciales, visitas domiciliarias y formación profesional. Mientras que ahora, PAMI elevó el valor del pago por paciente de $900 a $2.100 por paciente, pero eliminó todos los ítems extra.
La otra pata del esquema de contingencia contempla una herramienta ya utilizada por el gobierno para congelar fondos a las universidades públicas: el inicio de una auditoría. Con ese fin, Javier Milei y Lugones designaron el martes pasado a la abogada María Florencia Zicavo como nueva síndico general del PAMI. La funcionaria era mano derecha del exministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
La crisis del PAMI no es nueva. Se trata de un proceso lento e ininterrumpido a lo largo de las últimas décadas, impulsado por el crecimiento de la nómina de afiliados -hoy, más de 5 millones- ante el rechazo de las obras sociales a la atención de sus propios jubilados, el desfinanciamiento del sistema de salud y la fuga de médicos, un fenómeno que alcanzó un mayor deterioro con la “motosierra”.
Hoy, el 80% del presupuesto del PAMI son recursos operativos y el 20% Aportes del Tesoro Nacional. Estos últimos se vieron limitados por la subejecución de programas o directamente su freno a raíz de la falta de ampliaciones presupuestarias, que dependen de jefatura de Gabinete y Economía. Una situación que se acentuó por la caída de la recaudación y la prioridad oficial de sostener el superávit para pagar la deuda.
Los especialistas hablan de un “efecto dominó” que termina afectando a los afiliados. “Los aranceles quedaron desconectados de la realidad, los prestadores son parte del mismo sistema, muchos son PAMI dependientes, y empiezan a restringir las camas a los afiliados y las venden a privados, hay una lista de espera larguísima”, advirtió el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino. /Clarín
