El subinterventor Antonio Bustamante llamó “optimización” ante la prensa a los $1.165.033.300,99 (mil ciento sesenta y cinco millones de pesos anuales) en 13 Asesores de Gabinete designados sin concurso y en violación directa del Estatuto del Personal de la Caja Popular de Ahorros.
Entre los contratados: dos sobrinos suyos — uno sin título acreditado, conocido por su afición a los chacinados, y el otro abogado del propio estudio jurídico de Bustamante — y la esposa del juez Pedro Yane Mana, el magistrado que en 2024 consagró la censura previa contra eltucumano y que previamente dio curso a acciones judiciales de Carlos Cisneros y Patricia Neme contra EDET.
Sus remuneraciones superan las de un ministro nacional y las del propio gobernador. El mismo día, Jaldo admitía que la provincia perdió entre $10.000 y $14.000 millones mensuales de coparticipación y debió vaciar el fondo anticíclico para pagar los sueldos de 120.000 empleados estatales tucumanos.
Las denuncias internas por malversación presentadas por empleados de la CPA ante las nuevas autoridades revelan que cada decisión de no actuar fue una decisión informada. Anatomía de la cultura organizacional cisnerista que los interventores profundizan. Silencio llamativo de La Gaceta y los medios adictos al magnate empresario disfrazado de sindicalista.
VIDEO, Bustamante miente ante la prensa: “Hemos pedido la colaboración de profesionales de distintas áreas de nuestra confianza y que son de trayectoria pública” — Antonio Bustamante, subinterventor CPA, conferencia de prensa, abril de 2026.
El viernes 23 de enero de 2026, mientras Guillermo Norry y Antonio Bustamante – histórico asesor del ministro del Interior Darío Monteros en Banda del Río Salí- prestaban juramento como interventor y subinterventor de la Caja Popular de Ahorros en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, el subinterventor saliente Miguel Darío Amatti firmaba en las oficinas del organismo la renovación del contrato de Rodrigo Sebastián Torasso como conductor de «El Tuqui 10»: cuatro millones de pesos mensuales, IVA incluido, por todo el año 2026. Nadie en el acto de jura lo mencionó. La nueva conducción no lo rescindió.
Ese gesto inaugural —invisible, burocrático, fechado— sintetiza lo que los documentos de las semanas siguientes confirmarían: la intervención que el gobernador Osvaldo Jaldo presentó como saneamiento de una institución capturada por Carlos Cisneros durante tres décadas no disolvió el sistema. Lo consolidó.
La semana pasada, y ante las cámaras de la prensa tucumana, Bustamante tuvo que responder por los nombramientos que habían circulado en redes sociales y fueron publicados por el diario El Federalista. No negó los contratos. Los defendió.
“Hemos pedido la colaboración de profesionales de distintas áreas de nuestra confianza y que son de trayectoria pública. Hay profesores de 50 años de trayectoria en la Universidad Nacional de Tucumán. Hay contadores de costos, especialistas en derecho laboral, en derecho administrativo y hemos pedido también que nos colaboren personas que tengan la idoneidad y los conocimientos internos del funcionamiento de compañías de seguro. En ese contexto, nosotros le hemos pedido a estos profesionales que nos acompañen en esta intervención con una designación total y absolutamente temporaria. Esos profesionales ingresaron con la intervención y se van con la intervención.”— Antonio Bustamante, subinterventor CPA, conferencia de prensa, abril de 2026
La palabra elegida por Bustamante para incrementar el gasto de la Caja Popular en $1.165 millones anuales fue «optimización». Los documentos cuentan una historia diferente.
Entre el 20 y el 25 de febrero de 2026, la Gerencia General de la CPA —a cargo del contador Pablo D. Díaz Sánchez, quien figura en el listado interno de empleados del sistema cisnerista en Nivel 1, el más alto de la escala— aprobó trece nombramientos en planta transitoria bajo la categoría «Asesor de Gabinete». Los expedientes identificados como 603-360/2026, 665/360/2026 y 639/360/2026 fueron elevados al Tribunal de Cuentas para validación formal.
Expedientes de nombramiento firmados por el CPN Pablo D. Díaz Sánchez. Documentan el origen formal de los 13 contratos.$1.165.033.300,99Costo anual total de los 13 contratos de Asesores de Gabinete. Equivale a $97.086.108 mensuales. Ninguno pasó por concurso de antecedentes, prueba de suficiencia ni período de evaluación. Fuente: Expte. N° 273/360/2026, Gerencia General CPA, firmado por el CPN Pablo D. Díaz Sánchez.Comparación salarial — abril 2026 (verificado). El gobernador Osvaldo Jaldo percibe menos de $5 millones mensuales. Un ministro nacional ronda los $7.902.331 brutos mensuales. Los 13 asesores de la CPA cobran entre $6.942.099 y $8.485.518 mensuales cada uno: todos superan al propio gobernador; los de mayor escala superan también a un ministro nacional. La CPA no recibe coparticipación: sus fondos provienen del monopolio del juego provincial, los seguros y los créditos.
Lucas Bejar, junto al sub interventor de la Caja Popular.
El escándalo circuló por redes sociales y fue cubierto por medios independientes tucumanos. Lo que no ocurrió es igualmente significativo: La Gaceta, Entérate Noticias, TDN, CCC Cable y Contexto — los medios históricamente vinculados al entorno de Carlos Cisneros, documentados en esta serie — guardaron silencio total sobre las designaciones. Que los medios de quien controló la Caja Popular durante tres décadas no ataquen a la intervención que supuestamente vino a desmantelar su sistema alimenta una hipótesis que circula entre fuentes del sector: la existencia de un acuerdo no escrito entre Darío Monteros —quien colocó a Bustamante en la subintervención y tiene a su hijo Santiago nombrado en la Caja durante la intervención cisnerista — y Carlos Cisneros. En buen romance, los cambios en la Caja Popular son una maniobra “para la gilada”, comentan en los pasillos de la institución financiera provincial.
II. Los sobrinos de Tony Bustamante: un empleado de su estudio y un experto en chacinados
De los trece contratos, dos corresponden a familiares directos del subinterventor Antonio Bustamante.
El primero: Lucas Manuel Bejar, sobrino de Bustamante y abogado en su propio estudio profesional, designado Asesor de Gabinete con $90.365.723,39 anuales —$7.530.477 mensuales—. El segundo: Esteban Ramiro Bustamante, también sobrino del subinterventor y colaborador del mismo estudio, designado con $83.305.190,06 anuales —$6.942.099 mensuales—. Sobre este último, los expedientes no acreditan título universitario. En su perfil público de Facebook exhibe, entre sus principales pasiones, su afición a los chacinados y a su familia. Con este nombramiento, la segunda le resultó considerablemente más redituable.
Nombramiento de Esteban Ramiro Bustamante (Expte. 603-360/2026 o concordante):,categoría «Asesor de Gabinete», remuneración anual $83.305.190,06 y ausencia de campo «concurso de antecedentes». Si disponible: captura del perfil de Facebook del designado con referencia a los chacinados.
Nombramiento de Lucas Manuel Bejar: remuneración $90.365.723 millones anuales, categoría «Asesor de Gabinete». Contrastar con certificación de su matrícula de abogado en el mismo estudio de Bustamante si disponible.
Al ser consultado públicamente sobre los nombramientos, Bustamante adoptó una defensa exacta en su formulación:
«Hay una noticia falsa diciendo que hemos designado a un hijo mío. Eso es falso.»— Antonio Bustamante, subinterventor CPA, conferencia de prensa, abril de 2026
Bustamante no negó a los sobrinos. Negó al hijo. La distinción, en términos del Estatuto de Personal de la CPA, no tiene relevancia jurídica: los artículos 38, 79, 80 y 81 exigen capacitación, calificación o antigüedad como criterios de designación, y concurso de antecedentes como mecanismo obligatorio. Ninguno de los dos sobrinos cumplió ninguno de esos requisitos. Ninguno de los trece lo cumplió.III. La esposa del juez que censuró eltucumano y falló a favor de Cisneros contra Edet
El tercer nombramiento de relevancia institucional corresponde a la esposa del juez civil Pedro Esteban Yane Mana, titular del Juzgado en lo Civil y Comercial Común de la Primera Nominación de Tucumán.
Yane Mana no es un nombre desconocido para esta redacción. En diciembre de 2024, dictó el fallo que el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) calificó como el primero en la historia del país en consagrar la censura previa: ordenó a eltucumano eliminar publicaciones y prohibir futuros contenidos sobre la exjueza de Familia Valeria Brand —luego destituida—, con fundamento en el concepto de «difusión abusiva», criterio sin respaldo en la legislación ni en la jurisprudencia argentina. La Asociación de Prensa de Tucumán calificó el fallo como «un atentado directo a la libertad de prensa». La multa impuesta: más de $3.240.000 con astreintes de $200.000 diarios por incumplimiento.
Pero hay un segundo dato que la cobertura de ese episodio no articuló. En enero de 2025, el mismo juez Yane Mana había hecho lugar a un recurso de amparo presentado conjuntamente por el diputado nacional Carlos Cisneros y por la abogada Patricia Neme —en ese momento ya imputada en la causa federal por trata— sobre segmentaciones tarifarias eléctricas. Yane Mana falló contra eltucumano y, antes, para Cisneros y Neme.
La Gaceta, enero de 2025«El Juez Civil y Comercial Común de Feria Pedro Yane Mana hizo lugar a un recurso de amparo y ordenó al Ersept que dé trámite urgente a los reclamos de usuarios tucumanos por segmentaciones tarifarias erróneas. La demanda fue interpuesta por el diputado Carlos Cisneros y por la abogada Patricia Neme, como apoderada de la Asociación Civil Red de Defensa de Usuarios y Consumidores.»
Nota de La Gaceta, enero 2025: amparo Cisneros-Neme ante Yane Mana. Mostrar el encabezado con nombres del juez y los demandantes. Vincular visualmente el mismo magistrado cuya esposa aparece luego en la nómina de asesores.
Ahora, la esposa del juez que censuró a eltucumano y que falló a favor de Cisneros y Neme cobra ahora como Asesora de Gabinete de la CPA con sueldo de $9 millones de pesos mensuales, bajo la intervención que Jaldo presentó como ruptura con el cisnerismo. El Expediente N° 639/360/2026 no fue tramitado por un subordinado. El 20 de febrero de 2026, el propio interventor Guillermo Alfredo Norry firmó la solicitud al Tribunal de Cuentas del Certificado de Habilitación de Redondo Torino —trámite previo obligatorio a toda designación en la institución—. La Mesa General de Entradas del Tribunal lo recibió ese mismo día a las 11:50 hs. Cinco días después, la Gerencia General procesó la designación formal por $90.365.723,39 anuales
Nombramiento de Rosana Redondo Torino (esposa del juez Pedro Yane Mana): remuneración $90.365.723 milones anuales, categoría «Asesor de Gabinete», fecha de designación.
Lo que dice el estatuto de la Caja Popular que no se cumplió en ningún gobierno
El Estatuto de Personal de la Caja Popular de Ahorros establece con precisión los requisitos para todo nombramiento. El artículo 38 garantiza “igualdad de oportunidades para acceder a cada uno de los niveles y jerarquías”, considerando capacitación, calificación o antigüedad. El artículo 80 exige integrar la planta permanente, calificación mínima “bueno” en los dos últimos años y ausencia de sanciones. El artículo 81 dispone que los ascensos se operen “atendiendo fundamentalmente a razones de idoneidad y capacidad” mediante “concursos de antecedentes”.
Los 13 asesores ingresaron en planta transitoria. Ninguno pasó concurso. Ninguno fue evaluado según el estatuto. La figura de “Asesor de Gabinete” fue usada para colocar personal de confianza política en niveles salariales equivalentes a Subgerente Departamental Nivel 5 y Jefe Principal de Departamento Nivel 6, eludiendo completamente el régimen de carrera de la institución.
Esas irregularidades no son un hallazgo de esta redacción. Son el objeto de una serie de denuncias internas de los empleados de la CPA remitidas a las nuevos interventores de la CPA, las denuncias de los empleados contienen documentación probatoria de una serie de delitos de malversación de caudales públicos (arts. 260, 261 y 263 CP), asociación ilícita (art. 210 CP) y abuso de autoridad (art. 248 CP). Según fuentes oficiosas de la Caja Popular, tanto Norry como Bustamante conocen su contenido desde que asumieron. El lector puede bajar las denuncias internas de empleados de la CPA en formato PDF, al final de esta nota.
La denuncia interna documenta que durante los ocho años de la era José César Díaz, el estatuto fue ignorado en los mismos términos:
“En el transcurso de 8 años en la cual el Dr. Díaz, César José cumplió las funciones de Interventor de Caja Popular de Ahorros, usted no encontrará en mencionada gestión la existencia de ningún: orden de mérito, concurso de antecedentes —ni cerrados ni abiertos—, pruebas de suficiencia, acreditación de condiciones para cada una de las tareas, períodos de prueba ni vencimientos de período de prueba.”— Denuncia interna por malversación de caudales públicos, asociación ilícita y abuso de autoridad. Empleados CPA, presentada ante la nueva intervención, 2026.
Lo que los empleados denunciaron sobre la era Díaz-Cisneros es, punto por punto, lo que la era Norry-Bustamante eligió reproducir en sus primeras semanas.VI. Jaldo vació el anticíclico para poder pagar sueldos estatales. Bustamante “optimiza” La Caja.
El mismo viernes 10 de abril en que los nombramientos de la CPA se volvían tema público, el gobernador Osvaldo Jaldo brindaba una entrevista sobre las finanzas provinciales. Sus palabras construyen el contrapunto más preciso de esta historia.
“Nosotros venimos bajando todos los meses entre un ocho y un nueve por ciento el impuesto coparticipable nacional. Para que el tucumano lo entienda bien, venimos perdiendo todos los meses entre diez mil y catorce mil millones de pesos. En dos años hemos perdido casi una planilla y medio de sueldos que la teníamos ahorrada, que habíamos formado un fondo anticíclico para afrontar situaciones de emergencia. Y hoy no lo tenemos porque en el 2025 y en el primer trimestre del 2026 hemos tenido que disponer el fondo anticíclico para poder pagar los sueldos en tiempo y forma, para dar los incrementos salariales a nuestros casi 120.000 empleados públicos.”— Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán, 10 de abril de 2026
La Caja Popular de Ahorros no recibe coparticipación. Sus fondos provienen del juego provincial, los seguros y los créditos. Pero es patrimonio de todos los tucumanos. Mientras el Gobierno provincial vaciaba su reserva de emergencia para sostener los sueldos de 120.000 empleados, la intervención que ese mismo Jaldo designó gastaba $97 millones mensuales en asesores de confianza sin concurso. Jaldo alertaba escasez de fondos el mismo día en que los nombramientos millonarios de los 13 super asesores aguardaban validación formal en el Tribunal de Cuentas.VII. Lo que la intervención jaldista eligió no tocar
Los 13 asesores son el gasto nuevo. La continuidad con el sistema anterior se mide por lo que la intervención eligió no modificar — con pleno conocimiento de las denuncias que documentan por qué debía hacerlo —.
“Conciliando”, la familia Concilio en ambos lados del mostrador. Francisco Concilio es gerente de la ART que viabilizó los reclamos millonarios de jugadores de San Martín contra la CPA sin tener póliza de seguro.
El estudio Concilio & Sarralde. El 16 de diciembre de 2025, Amatti prorrogó el contrato del Estudio Concilio & Sarralde SAS (CUIT 30-71586206-5) para auditar mensualmente las liquidaciones de Comisiones de Agencias y Sub Agencias de Quiniela: $20.684.575 mensuales más IVA, por seis meses desde el 1° de enero de 2026. Sin licitación pública. La Gerencia Financiera lo confirmó el 22 de diciembre (Expte. N° 7580-360-2025). La nueva intervención lo recibió y lo mantuvo.
La denuncia interna presentada ante esa misma intervención por empleados de la CPA los identifica como: «Octavio Concilio (familiar del Gerente de ART de CPA), Sarralde Dario Exequiel, testaferros del Sr. Líder del local bailable Mr. John & Warhol en Yerba Buena.» La figura es de particular gravedad: la CPA contrata sin licitación, para auditar sus propias liquidaciones de quiniela, a personas que esa denuncia —conocida por la nueva conducción desde su asunción— vincula al entorno del imputado federal por trata.
Evidencia de renovación sin licitación pública: nota Sub Intervención 16/12/2025 firmada por Amatti prorrogando Concilio & Sarralde; (2) despacho Gerencia Financiera 22/12/2025 confirmando $20.684.575 mensuales.
Las licencias de Neme y Díaz. El documento oficial del Departamento de Personal de la CPA, fechado el 17 de marzo de 2026, registra que Patricia Neme (MP 9331) y José César Díaz iniciaron «licencia de tratamiento prolongado» con goce de sueldo el 9 de marzo de 2026: dos días antes de que el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz solicitara formalmente la indagatoria de Cisneros, Neme y Petraglia. Sin fecha de retorno. Ambos continúan ejerciendo la abogacía y aparecen en causas vinculadas a La Bancaria. La nueva intervención no revocó las licencias ni inició sumario.
Documento Departamento de Personal CPA, 17/03/2026: campos «Patricia Neme MP 9331» y «José César Díaz», fecha inicio licencia 9/3/2026, tipo «tratamiento prolongado», goce de sueldo, sin fecha de alta. El dato crítico: 9/3/2026 vs. solicitud de indagatoria del fiscal Vehils Ruiz dos días después.
José Díaz en Jurídicos. El propio interventor Norry declaró públicamente, en entrevista con La Gaceta Play, que el ex interventor del cisnerismo “quedó como gerente de Jurídicos” –a pesar de que habría estafado a la CPA por el escándalo de pagos de seguros fantasmas y ahora con licencia trucha mientras litiga públicamente como abogado- y que «”nos presta su apoyo, su asesoría y su conocimiento”. La Asesoría Letrada es la unidad que, según la Resolución N° 1176/88 (Acta N° 2.974), representa a la CPA en todos los procedimientos judiciales, formula denuncias penales y emite dictámenes normativos internos.
El contrato Torasso. Rodrigo Sebastián Torasso (DNI 31.842.393, CUIT 20-31842393-9), conductor de «El Tuqui 10», tenía un contrato que Amatti renovó el 23 de enero de 2026 —su último día como subinterventor— por $4.000.000 mensuales, de enero a diciembre de 2026. El Expediente N° 465/360/2026, fechado el 9 de febrero bajo la nueva gestión, registra el gasto sin rescisión. La denuncia interna lo señala como alguien que cumplía «2 horas de trabajo mensuales» y cobra 4 millones por esas dos horas de locución con los resultados del Tuki. El contrato sigue vigente.
Documento — Sub Gerencia General de Administración, 23 de enero de 2026 · Expte. N° 465/360/2026«Atento a la necesidad de dar continuidad en un nuevo ciclo televisivo al conductor, Sr. Torasso, Rodrigo Sebastián, CUIT: 20-31842393-9 para nuestro juego de azar “El Tuqui 10” […] La propuesta económica: Conducción del Programa “El Tuqui 10”, por un monto mensual de $4.000.000 (Pesos: Cuatro Millones) I.V.A. INCLUIDO. Vigencia: enero a diciembre del corriente año.
Por otro lado, la denuncia interna de los empleados de la CPA señala a Javier Díaz —acreditado con instrucción primaria— como el caso más flagrante del sistema: acumuló cuatro gerencias: Gerente de Personal, Gerente de Sucursales y Subgerente General simultáneamente, con remuneración superior a $15 millones mensuales. El Estatuto exige secundario completo para ingresar a la rama administrativa. Norry lo conservó en funciones.
VIII. Gatopardismo a la tucumana: La anatomía del sistema corrupto que persiste en La Caja
La denuncia interna de los empleados de la CPA que Norry y Bustamante tienen en sus casillas de correo desde el primer día de gestión no describe únicamente los 13 asesores. Describe la anatomía completa de un sistema de dominación construido durante ocho años, que transformó a la institución en un reservorio de empleo político bajo control gremial. Esa anatomía —documentada, firmada, presentada formalmente ante la nueva conducción— es lo que la intervención eligió no desmantelar. El sistema tenía dos caras: el ingreso para los afines y el castigo para los díscolos.
Por el lado del ingreso: ningún orden de mérito, ningún concurso, ninguna prueba de suficiencia. Ingresos directos en niveles jerárquicos para allegados, familiares, novias y ex parejas del «líder». La denuncia enumera quince clanes familiares con múltiples integrantes en nómina. En el listado interno de empleados privilegiados, la columna «vínculo» registra las relaciones con una franqueza que el propio sistema nunca tuvo pudor en institucionalizar:
Del listado interno de empleados de la Denuncia interna por malversación, CPA «NEME, PATRICIA — ABOGADA — abogada muy cercana a Carlos Cisneros» · «RIVADENEIRA, CARLOS — SOBRINO DE Carlos Cisneros» · «ROMINA NAHAS — NIVEL 4 TITULAR — CUÑADA Carlos Cisneros» · «JULIANA NAHAS — SUB GERENTE DEPARTAMENTAL — GREMIO» · «PITA, SOL — JEFA DE TIK TOK DE Carlos Cisneros — HIJA DE LUCILA GALANTE»
Un sistema denunciado de castigo para los “anti cisneristas”: el artículo 83 del Estatuto —que faculta «traslados y rotaciones por razones de servicio»— fue usado sistemáticamente para disciplinar a quienes no respondían al gremio. Empleados rotados a sucursales lejanas conservaban en su boleta de sueldo la sucursal del castigo —sin actualización en el sistema— como amenaza permanente de retorno. El artículo 217 —que excluye al personal contratado de la carrera administrativa— fue el instrumento para mantener en inestabilidad crónica a quienes no eran afines: años de antigüedad que no contaban, ascensos vedados, obediencia comprada con la amenaza de perder el trabajo.
Listado de empleados VIP del Cisnerismo en la Caja Popular. – Denuncia interna de empleados de la CPA.
25 años. El tiempo que Ariel Augusto Marcuzzi (DNI 25.303.002) cumplió funciones de jefatura en la CPA sin superar la categoría de «contratado». Murió en septiembre de 2025 sin haber accedido a la estabilidad laboral que el estatuto garantizaba pero el sistema le negaba. La denuncia interna lo cita como el caso límite: «Es lamentable que se haya utilizado la Caja Popular con fines políticos perturbando la psiquis, la dignidad humana y el progreso laboral siendo que paradójicamente “los derechos de los trabajadores” es el emblema y escudo que utilizan en cada marcha gremial.», acusan los empleados de la caja.
La denuncia también documenta la cara menos visible del sistema: las «comisiones de servicios» o «comisiones gremiales» permanentes que mantenían a los allegados del líder en estado continuo de disponibilidad sin obligación de presentarse a trabajar. La lista incluye a Federico Petraglia —imputado en la causa Vélez y requerido en indagatoria federal por trata—, a Ricky Franco —sobrino de Cisneros y Secretario General Adjunto de La Bancaria, con mandato vigente hasta marzo de 2026—, a Sol Pita —secretaria de redes sociales del líder— y a Luciano Giri —cantante de la banda tucumana «Yesterday»—, quien «forma parte de la CPA y nunca se presentó a trabajar, cobrando religiosamente su sueldo en sucursal Yerba Buena».
Escalafón CPA «Sueldo por Nivel Básico Histórico, Diciembre 2025 31,5%»: cargos y remuneraciones desde Gerente General ($8.449.335) hasta Jefe de División ($4.160.015). Casi todos, sueldos superiores al del gobernador de Tucumán Osvaldo Jaldo.
IX. El legislador Orellana, con empleado propio financiado por la CPA
La denuncia incorpora un documento que trasciende el ámbito institucional de la Caja. Una nota en papel membretado de la Honorable Legislatura de Tucumán, fechada el 22 de noviembre de 2024, lleva la firma del legislador provincial Dr. José Eduardo Orellana. Está dirigida al entonces interventor José César Díaz y solicita «Licencia por Prestación de Servicios» para el empleado de planta permanente Gustavo Eduardo Durán (DNI 30.117.457, Leg. 3223) para que «pase a cumplir funciones en el Despacho a mi cargo en la Honorable Legislatura». El sello de recepción de la Secretaría Privada de la CPA consta: 22 de noviembre de 2024, 10:03 hs., Leg. 3223.
Nota membretada Honorable Legislatura de Tucumán, firma Dr. José Eduardo Orellana, con sello de recepción «Secretaría Privada CPA 22/11/2024 10:03 hs. Leg. 3223». Documento autosuficiente: membrete + firma + sello son los tres elementos que lo hacen irrefutable.
No es un rumor: es una nota oficial con membrete, firma y sello de recepción. Un empleado pagado con los fondos del juego tucumano cumplía funciones en el despacho de un legislador provincial. Ese documento también integra la denuncia por malversación que Norry y Bustamante recibieron al asumir. La nueva intervención no inició ninguna investigación al respecto.
Los delegados de La Bancaria en La Caja Popular.X. El negocio del juego: Roberto Sagra intacto
Debajo de los escándalos de personal y contratos hay un núcleo que la serie Mafia Paraestatal documentó en reiteradas oportunidades y que la nueva intervención no ha tocado: el negocio del juego provincial.
La CPA administra la quiniela, el casino y los juegos de azar de Tucumán bajo la Ley N° 6970. Los balances internos a los que eltucumano tuvo acceso revelan que la institución movilizó el equivalente a USD 9.500 millones en 30 años de operación. Roberto Sagra —señalado en la serie como socio de los hermanos Ale, condenados por asociación ilícita y lavado de activos, y como operador económico del entorno Cisneros en La Gaceta y el Grupo Los Balcanes— no es un actor reciente de este esquema. El 22 de mayo de 1996 —un año después de que Cisneros asumiera la conducción de la CPA— Sagra se incorporó como socio y gerente de PATAN SRL, una de las diez empresas que controlaban las 1.035 máquinas tragamonedas autorizadas por la propia Caja Popular. Cuando en septiembre de 2025 la Justicia allanó siete domicilios vinculados a Cisneros por la causa Vélez, una mansión en el exclusivo country Los Olivos figuraba a nombre de Sagra. La nueva intervención no ha iniciado ninguna auditoría independiente sobre esos vínculos.
Recuadro «Diez firmas, todo un submundo», El Periódico de Tucumán, 8 de enero de 2006: filas de PATAN SRL con «Roberto José Emilio Sagra» como gerente desde 22/5/1996, ALFA MERCURIO SRL (Mercedes Nélida Ale) y POINT LIMITS SRL (Ángel Adolfo Ale). Documento periodístico que ancla el vínculo Sagra-Ale en el negocio de las tragamonedas desde el primer año de Cisneros en la CPA.
El estudio Concilio & Sarralde SAS —que la denuncia interna vincula al entorno de Cisneros— audita esas mismas liquidaciones de quiniela. La nueva intervención lo mantiene en funciones por $20,6 millones mensuales, sin licitación, con pleno conocimiento de lo que esa denuncia dice sobre sus integrantes.
El negocio del juego es el núcleo financiero de la institución. Quien controla esa auditoría controla el nervio central de la Caja. Y ese núcleo llegó a la nueva intervención con un diagnóstico oficial sobre la mesa. El 24 de noviembre de 2025 —dos meses antes de que Norry y Bustamante juraran— el Tribunal de Cuentas de Tucumán emitió el Acuerdo N° 5183. Su dictamen sobre los estados financieros de la CPA fue categórico: los balances «no presentan razonablemente la información». El organismo también denunció una deuda acumulada de $3.381 millones con el SIPROSA —el sistema de salud pública— y detectó irregularidades en mercadería por $26,7 millones. Es la primera vez en 30 años que un organismo de control emite un pronunciamiento tan contundente sobre la institución. La nueva intervención lo recibió. No abrió ninguna auditoría sobre los vínculos que explican esos números.
La intervención que Jaldo presentó como saneamiento eligió no tocar ese núcleo: ni a sus auditores, ni a sus operadores, ni a los vínculos que los conectan con el entorno del imputado federal. Esa decisión no fue una omisión por desconocimiento. Fue una elección con documentación disponible.XI. La optimización de La Caja por los hombres de Darío Monteros
En lconferencia de prensa, al ser consultado sobre si tenía familiares designados, Bustamante fue enfático: no había ningún hijo suyo entre los nombrados. Luego describió el proceso con la palabra que eligió para titular este período de su gestión: “optimización”.
“Lo que sí es muy importante, ya que me da la oportunidad: no íbamos a contestar nada porque consideramos que somos funcionarios en representación del Poder Ejecutivo y estamos para resguardar el patrimonio de la provincia. Hemos pedido la colaboración de profesionales de distintas áreas de nuestra confianza y que son de trayectoria pública. Hay profesores de 50 años de trayectoria en la Universidad Nacional de Tucumán. Hay contadores de costos, especialistas en derecho laboral, en derecho administrativo, y hemos pedido también que nos colaboren personas que tengan la idoneidad y los conocimientos internos del funcionamiento de compañías de seguro”, justificó Bustamante; quien ya tuvo planteos de nopotismo en el Colegio de Abogados cuandofuera su presidente y otorgó la millonaria remodelación de la sede colegiada a su hermano arquitecto.
En su debut, la nueva intervención: designó a dos sobrinos del subinterventor en planta transitoria, sin concurso; designó a la esposa del juez que había censurado a eltucumano y dado curso a las acciones de Cisneros y Neme contra EDET; renovó el contrato del conductor del Tuqui 10, firmado por el saliente en su último día en el cargo; mantuvo el contrato de los auditores sin licitación señalados en la denuncia interna como vinculados al entorno cisnerista en el local Mr. John & Warhol; preservó las licencias -truchas- de tratamiento prolongado de la imputada federal Neme y del exinterventor José Díaz, iniciadas dos días antes de una indagatoria federal; conservó al hombre del sistema cisnerista con licencia psiquiátrica trucha – José Díaz- al frente de la Gerencia de Jurídicos, la unidad que maneja la defensa legal de la institución en medio de escándalos de corrupción que involucran directamente al área que estuvo bajo su mando; y dejó en el cargo al gerente general señalado en esa misma denuncia como parte del sistema que convirtió al estatuto en letra muerta durante ocho años. Todo ello mientras los empleados les hacían llegar las denuncias internas desde el día de su asunción.
Lo que en otro contexto podría llamarse omisión tiene aquí un nombre más preciso: tolerancia informada. Y ocurrió todo mientras el gobernador que designó esta intervención admitía, ante las cámaras, que la provincia no tiene dinero para pagar sus propios sueldos.
La Caja Popular de Ahorros fue creada en 1915 por el doctor Ernesto Padilla como institución de finalidad predominantemente social: para financiar el sistema de salud pública y otorgar créditos a los tucumanos. El artículo 3 de la Ley N° 5115, su estatuto fundacional, establece que esa finalidad social es su razón de existir.
La cultura organizacional que tres décadas de cisnerismo construyeron dentro de esa institución —el ingreso discrecional, los traslados-castigo, las comisiones gremiales eternas, los clanes familiares en nómina, los auditores sin licitación vinculados al poder, el estatuto como arma de doble filo— no requiere la firma de Carlos Cisneros para reproducirse. Requiere solamente que quienes lleguen a conducir la institución decidan no desmontarla.
La intervención del «Jaldismo negro» tomó esa decisión. Y la tomó con pleno conocimiento de la situación.
La cobertura de estos nombramientos fue iniciada por el diario tucumano El Federalista el 10 de abril pasado. Esta investigación aporta la documentación completa que sustenta los hechos
Documentación completaExpte. N° 273/360/2026 (13 nombramientos) · Expte. N° 465/360/2026 (contrato Torasso) · Expte. N° 7580-360-2025 (Concilio & Sarralde) · Denuncia interna por malversación, asociación ilícita y abuso de autoridad · Planilla de sueldos CPA diciembre 2025 · Listado de empleados con vínculos · Resolución N° 1176/88 Acta N° 2.974 · Estatuto de Personal CPA · Nota Legislador Orellana 22/11/2024 · Tribunal de Cuentas Acuerdo N° 5183 (24/11/2025) Fuentes documentales de esta investigación: Expediente N° 273/360/2026 CPA (Distribución Analítica Personal, Gerencia General, firmado CPN Pablo D. Díaz Sánchez); Expediente N° 465/360/2026 CPA (Contratación Torasso, Contaduría General — Oficina de Presupuesto, 9 de febrero de 2026); Expediente N° 7580-360-2025 (prórroga contrato Concilio & Sarralde SAS, Sub Intervención, 16 de diciembre de 2025; Despacho Gerencia Financiera, 22 de diciembre de 2025); Resolución N° 1176/88, Acta N° 2.974 CPA (estructura orgánica Asesoría Letrada); Estatuto de Personal de la CPA (arts. 7, 35, 38, 79, 80, 81, 83, 217); Denuncia interna por malversación de caudales públicos (arts. 260, 261, 263 CP), asociación ilícita (art. 210 CP) y abuso de autoridad (art. 248 CP), presentada por empleados de la CPA ante la nueva intervención, 2026; Listado de niveles y planilla de sueldos CPA — Sueldo por Nivel Básico Histórico, diciembre 2025 (31,5%); Nota membretada Honorable Legislatura — Dr. José Eduardo Orellana, 22/11/2024, recibida Secretaría Privada CPA; Tribunal de Cuentas de Tucumán — Acuerdo N° 5183, 24 de noviembre de 2025 (estados financieros CPA; deuda SIPROSA $3.381 millones); Balances internos CPA 1999-2002, 2014, 2016, 2017; El Periódico de Tucumán, 8 de enero de 2006 (empresas de tragamonedas); Informe de Revisión Limitada 31-12-2017 (CPN Luis Antonio Godoy) — citados en «Turbio monopolio del juego en Tucumán», eltucumano.com, 7 de diciembre de 2025; Declaraciones de Bustamante ante la prensa, abril de 2026; Declaraciones de Jaldo, 10 de abril de 2026 (eltucumano.com); Resolución publicada La Gaceta — amparo Cisneros-Neme ante Yane Mana, enero 2025; FOPEA — comunicado sobre fallo Yane Mana (censura previa), diciembre 2024; Cobertura previa serie Mafia Paraestatal, eltucumano.com, septiembre 2025 — abril 2026.
