La Coalición Cívica, el partido fundado por Elisa Carrió, llevó a la Justicia una denuncia que golpea de lleno al diputado tucumano Mariano Campero y a otros diputados y funcionarios del oficialismo nacional: pidió investigar si el crédito hipotecario que recibió del Banco Nación formó parte de un eventual esquema de favores políticos a dirigentes alineados con Javier Milei.
La presentación fue realizada por la diputada nacional Mónica Frade, quien reclamó que se determine si los préstamos millonarios entregados a funcionarios y legisladores libertarios —o cercanos al mileísmo— fueron otorgados bajo los mismos requisitos que rigen para cualquier ciudadano o si, por el contrario, existió una lógica de privilegio para premiar respaldos, lealtades o alineamientos políticos.
En ese expediente aparece mencionado Campero, pero no es el único. La denuncia también incluye a otros nombres pesados del universo libertario y de sus aliados parlamentarios, lo que refuerza la hipótesis de que no se trataría de casos aislados, sino de una eventual trama de beneficios cruzados entre el poder político y el principal banco público del país. Entre los señalados figuran Juan Pablo Carreira, a cargo de la Oficina de Respuesta Oficial; Juan Pedro Inchauspe, integrante del directorio del Banco Central; Felipe Núñez, director del BICE y hombre cercano al equipo de Luis Caputo; Federico Furiase, secretario de Finanzas; Emiliano José Mongilardi, director de YPF; los diputados Santiago Santurio, Lorena Villaverde y Alejandro Bongiovanni, además del propio Campero.
El listado no pasó inadvertido porque mezcla funcionarios con poder de decisión económica, armadores del relato oficial y legisladores que vienen siendo claves para la gobernabilidad del mileísmo. En ese contexto, la presencia del tucumano adquiere una dimensión política todavía mayor: no aparece como un caso aislado, sino como parte de una nómina de dirigentes oficialistas o funcionales al oficialismo que habrían accedido a créditos millonarios mientras sostenían al Gobierno en áreas estratégicas o en el Congreso.
Y justamente ahí radica la sensibilidad del caso. Porque la denuncia no sólo pone bajo la lupa el acceso a créditos hipotecarios por cifras millonarias, sino que introduce una sospecha mucho más delicada: si algunos de esos préstamos habrían funcionado como una forma de compensación política para dirigentes que se volvieron útiles al Gobierno en momentos decisivos.
Campero quedó ubicado en ese radar por una razón evidente. En el último tiempo fue uno de los llamados “radicales con peluca”, un grupo de diputados que, pese a llegar al Congreso bajo otro sello, terminaron jugando en sintonía con la Casa Rosada en votaciones centrales. Esa cercanía política, que le dio visibilidad nacional, hoy también lo expone a una lectura incómoda: si la Justicia detectara irregularidades en el otorgamiento de esos créditos, la pregunta inevitable sería si algunos beneficios financieros fueron concedidos como devolución por acompañamientos legislativos.
La denuncia de la Coalición Cívica es explícita en ese punto. Frade advirtió que la investigación debe establecer si los fondos del banco público “se están usando para pagar favores políticos”, una frase que convirtió el caso en algo mucho más explosivo que una simple polémica bancaria.
En el caso de algunos de los denunciados, además, los montos son lo suficientemente altos como para alimentar la controversia pública. Según la presentación, Juan Pedro Inchauspe habría accedido a un crédito de $510 millones, mientras que Felipe Núñez también aparece vinculado a operaciones por cifras de esa magnitud. Federico Furiase figura con un préstamo de $376 millones, Emiliano José Mongilardi con $309 millones, Santiago Santurio con alrededor de $340 millones, y Lorena Villaverde con un crédito de $227 millones. En el caso de Juan Pablo Carreira, la denuncia menciona una operación por $113 millones.
La situación de Villaverde, incluso, aparece especialmente subrayada en la denuncia. Allí se sostiene que una sucursal del banco en Cipolletti le habría rechazado inicialmente la carpeta y que el obstáculo se habría destrabado luego por intervención de la conducción de la entidad. Ese punto, si se comprobara, podría convertirse en uno de los tramos más delicados del expediente porque reforzaría la hipótesis de un tratamiento excepcional para dirigentes políticamente cercanos al oficialismo.
El planteo judicial pide revisar si los créditos fueron otorgados respetando los manuales internos del Banco Nación, las exigencias de capacidad de pago, la estabilidad de los ingresos, las garantías ofrecidas y la trazabilidad de cada aprobación. En otras palabras, la Justicia deberá determinar si Campero y los demás dirigentes señalados accedieron a un producto bancario común o si fueron beneficiarios de un tratamiento excepcional.
El dato político no es menor. Campero construyó en los últimos meses una identidad pública muy asociada al discurso de la austeridad, el ajuste y el fin de los privilegios de la política. Por eso, que ahora su nombre aparezca en una causa que busca determinar si hubo trato preferencial desde un banco estatal representa un golpe particularmente incómodo.
La situación también reabre una discusión que en Tucumán ya empieza a tomar temperatura: hasta qué punto algunos dirigentes opositores que se acercaron a Milei terminaron obteniendo beneficios concretos por esa cercanía. En el caso del diputado tucumano, la sospecha judicial no afirma que eso haya ocurrido, pero sí deja abierta una línea de investigación políticamente explosiva.
La presentación judicial también solicitó medidas de prueba concretas: el acceso a los legajos completos de los créditos, las actas del directorio del Banco Nación, informes periciales sobre las condiciones de otorgamiento y documentación que permita establecer si hubo violaciones a la normativa interna o a los estándares habituales de evaluación crediticia.
Otro de los puntos que podrían complicar a los involucrados es el análisis de las relaciones entre quienes aprobaron los préstamos y quienes resultaron beneficiados. Si de esa documentación surgiera que hubo vínculos políticos o jerárquicos determinantes en la aprobación, el expediente podría avanzar hacia figuras penales mucho más delicadas, como el presunto tráfico de influencias.
Mientras tanto, desde el Banco Nación intentaron desactivar el escándalo y sostuvieron que no hubo “nada ilegal ni turbio”, al asegurar que todos los créditos fueron evaluados bajo las mismas condiciones que cualquier otra operación. Sin embargo, esa defensa institucional no alcanza para cerrar la dimensión política del caso. Porque la gran pregunta que ya quedó instalada no es sólo quién accedió al dinero, sino por qué lo hizo y bajo qué condiciones reales.
Y en ese escenario, Mariano Campero quedó en el centro de una investigación que puede tener consecuencias mucho más profundas que las estrictamente bancarias: si la Justicia encuentra elementos que confirmen favoritismos, el diputado tucumano podría quedar asociado a una de las sospechas más sensibles del mileísmo en el uso del Estado: premiar a los propios mientras se exige ajuste al resto.
