La decisión de la Justicia Federal de archivar la investigación iniciada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos en municipios tucumanos fue recibida con alivio y firmeza por los ex intendentes alcanzados por el expediente. Los ex jefes municipales sostuvieron que lograron demostrar la trazabilidad de los recursos observados, rechazaron cualquier hipótesis de malversación y coincidieron en señalar que la causa tuvo una fuerte carga política.
La medida fue adoptada por el juez federal subrogante Guillermo Díaz Martínez, a instancias del fiscal Rafael Vehils Ruiz, quien desestimó la investigación promovida a fines de 2024 por el titular de la Procelac, Diego Velasco. El eje del planteo había sido una serie de movimientos bancarios considerados inusuales y reiterados, particularmente a través de la modalidad de “cheque por ventanilla”, en municipios del norte argentino, entre ellos Banda del Río Salí, Famaillá, Lules, Monteros y Alberdi. La resolución judicial concluyó que no había delito en los hechos denunciados, más allá de eventuales cuestionamientos administrativos.
Uno de los que salió a respaldar esa conclusión fue el ex intendente de Lules y actual legislador provincial, Carlos Gallia. El dirigente afirmó que durante un año respondió a distintos requerimientos de información y sostuvo que pudo acreditar con documentación el destino de los fondos. También señaló que en paralelo fue investigado por enriquecimiento ilícito y que esa pesquisa no arrojó resultados en su contra. Según planteó, las extracciones mediante “cheque por ventanilla” son operaciones permitidas por las entidades bancarias, utilizadas tanto en el ámbito público como en el privado, y remarcó que en su caso estaban destinadas, entre otras cosas, a asistencias urgentes como la compra de medicamentos. A la vez, desestimó las críticas recibidas y las vinculó con “los juegos de la política”.
En el mismo sentido se expresó el ex intendente de Famaillá, José Orellana, quien aseguró que siempre estuvo a disposición de la Justicia y que el material aportado permitió dejar en claro que no existió ninguna maniobra ilícita. Consideró que la utilización de cheques para retiros en efectivo es habitual dentro de la administración municipal y cuestionó el momento en que se instaló el tema, al señalar que se trató de una situación “muy política”, lanzada en la previa de un proceso electoral. También destacó que el Concejo Deliberante actuó como órgano de control y que la transparencia del manejo de fondos quedó demostrada en el expediente. Para Orellana, el hecho de que ni siquiera se haya llegado a una imputación confirma que no existió dolo ni desvío de dinero.
El ex intendente de Monteros y actual legislador, Francisco Serra, sostuvo una posición similar. Afirmó que desde el inicio puso a disposición de la Justicia toda la documentación requerida y aseguró que el archivo de la causa fue consecuencia directa de la falta de pruebas. En sus declaraciones remarcó que nunca tuvo nada que esconder respecto de los retiros en efectivo observados durante su gestión.
En el caso de Banda del Río Salí, el actual ministro del Interior y ex intendente de esa ciudad, Darío Monteros, también defendió públicamente lo actuado. En declaraciones televisivas, afirmó que quedó acreditado que no hubo irregularidades y explicó que la trazabilidad de los fondos podía seguirse desde el expediente administrativo, pasando por Hacienda, Tesorería, la Contaduría General y el Concejo Deliberante. Además, remarcó que tanto los presupuestos como las cuentas de inversión fueron aprobados por unanimidad por el cuerpo legislativo municipal. Monteros agregó que también fue objeto de una investigación patrimonial por parte de la Justicia Federal y que tampoco en ese plano se detectaron inconsistencias.
El caso puso bajo análisis a ocho municipios del norte argentino, que entre enero de 2023 y octubre de 2024 realizaron extracciones bancarias por un total de $39.487 millones. En Tucumán, los montos observados correspondieron a Banda del Río Salí, con $ 17.256 millones; Famaillá, con $ 11.449 millones; Lules, con $ 4.217 millones; y Monteros, con $ 3.923 millones. Más tarde se incorporó a la investigación al municipio de Alberdi.
Sobre este último distrito, sin embargo, se tomó una decisión distinta. A partir de una recomendación del fiscal, el juez Díaz Martínez dispuso remitir las actuaciones vinculadas a Alberdi a otro juzgado federal, para su acumulación con una causa ya abierta en la que se investigan hechos de mayor gravedad, entre ellos presunto narcotráfico y lavado de activos.
Así, mientras el expediente principal quedó archivado por inexistencia de delito, los ex intendentes involucrados aprovecharon el cierre judicial para reivindicar su gestión y rechazar las sospechas que durante meses rodearon el manejo de los fondos públicos en sus administraciones.
