En una sesión marcada por fuertes críticas a las políticas de ajuste de Javier Milei, el cuerpo legislativo sancionó por unanimidad la ampliación de exenciones en el impuesto inmobiliario para sectores vulnerables. El oficialismo tucumano tildó de “therians” a los dirigentes libertarios y defendió el modelo de gestión de Osvaldo Jaldo frente al escenario nacional.
La Legislatura de Tucumán, presidida por el subrogante Sergio Mansilla, llevó a cabo una sesión ordinaria en la que el eje central fue el contraste entre el modelo provincial y el nacional. El principal proyecto aprobado fue la modificación del Código Tributario Provincial (Art. 206), que eleva el tope de ingresos para acceder a la exención del impuesto inmobiliario: ahora, el beneficio alcanza a quienes perciban hasta dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, permitiendo que los jubilados que cobran la mínima queden incluidos en el alivio.
A pesar de que la votación fue unánime, el recinto fue escenario de intensos debates. El legislador Carlos Gallia (PJ) justificó la medida como una necesidad ante la distorsión económica actual para asegurar un sistema compatible con la realidad provincial. Sin embargo, desde la oposición, Claudio Viña calificó la iniciativa como una “gota en el océano” frente a la alta presión tributaria de Tucumán, mientras que José Seleme reclamó que el ajuste debe comenzar por la política, criticando el “gasto público”.
Por su parte, la radical Silvia Elías de Pérez apoyó la reforma pero arremetió contra la Casa Rosada, denunciando una pérdida del 35% del poder adquisitivo del salario desde diciembre y el abandono de jubilados y personas con discapacidad. En la misma línea, José Cano cargó contra los libertarios por tener un “doble discurso” y ejecutar el ajuste sobre los sectores más vulnerables, señalando también la falta de obras viales nacionales.
El tono de la confrontación escaló con la intervención de Gerónimo Vargas Aignasse, quien calificó a los dirigentes de La Libertad Avanza como “therians de la política”, acusándolos de ser libertarios en Buenos Aires pero “socialistas” en Tucumán al reclamar obras públicas que su propio gobierno nacional desfinancia. Vargas Aignasse alertó sobre la caída de $25.000 millones en la coparticipación provincial y la eliminación de subsidios clave. Finalmente, Roque Tobías Álvarez cerró el debate reivindicando la “justicia social” frente a las descalificaciones del presidente Milei, y destacó que el gobierno de Jaldo sostiene con fondos propios el incentivo docente, el transporte y el boleto gratuito.
En otro orden de temas, el Parlamento declaró al 2026 como el “Año de la Memoria”. La iniciativa, impulsada por Gabriel Yedlin, conmemora los 50 años del golpe de Estado de 1976, los 60 años del cierre de los ingenios tucumanos (1966) y los 46 años del cierre de los Talleres Ferroviarios de Tafí Viejo (1980).
Además, se sancionaron diversas iniciativas de impacto social y productivo:
Salud y Territorio: Se cedió un inmueble en Cebil Redondo para una policlínica y se transfirieron terrenos en La Cocha para el Ministerio Pupilar y de la Defensa. También se declaró de utilidad pública un inmueble en La Reducción para el San Isidro Rugby Club.
Educación y Cultura: Se impuso el nombre “Héctor Ramón Chehin” a un centro educativo en Aguilares y se creó el Régimen de Promoción de la Actividad Cultural en Espacios Independientes.
Ambiente y Juventud: Se aprobó el programa de reutilización del orujo para producir harina y se incorporó el “Programa Joven para la Promoción de la Música” en la Ley de protección integral de la juventud.
