La diputada de La Libertad Avanza apeló la orden del juez civil Pedro Cagna. Invocó sus fueros parlamentarios, objetó la competencia de los tribunales provinciales y calificó la medida como un acto de “censura previa”.
La diputada nacional Soledad Molinuevo (La Libertad Avanza) decidió ir a fondo y cuestionó en los tribunales la sentencia dictada por el juez civil Pedro Cagna, quien le había ordenado eliminar una serie de posteos en redes sociales considerados agraviantes contra el gobernador Osvaldo Jaldo.
Lejos de acatar la orden en primera instancia (las publicaciones siguen activas en X, Facebook e Instagram), la dirigente libertaria se presentó en la causa con el patrocinio letrado del abogado Ricardo José Tomás Paz y formuló una batería de planteos ante el Juzgado Civil y Comercial Común V de la Capital.
Inmunidad parlamentaria y salto al fuero federal
El eje central de la defensa de Molinuevo radica en objetar la jurisdicción del magistrado provincial. La diputada advirtió sobre “la incompetencia material del fuero ordinario provincial para seguir entendiendo en estas actuaciones”, argumentando que se encuentra directamente comprometida una prerrogativa funcional de fuente constitucional federal propia de su cargo.
En esa línea, puso el foco en la “Inmunidad de Opinión Parlamentaria” y le recriminó al juez Cagna que, al dictar una medida que le ordena “abstenerse de manifestarse” y “eliminar denuncias políticas”, está alterando el régimen de inmunidades federales. Por este motivo, la legisladora dio inicio en paralelo a un expediente ante la Justicia Federal de Tucumán.
Asimismo, para el caso de que la Justicia provincial rechace su planteo de incompetencia, Molinuevo interpuso un recurso de apelación contra la sentencia del 15 de marzo y solicitó la suspensión de la orden que la obliga a borrar los comentarios.
El origen de la demanda
El conflicto judicial se detonó el pasado 13 de marzo, cuando el titular del Poder Ejecutivo provincial requirió —mediante la abogada Paula Morales Soria— el dictado de una medida autosatisfactiva para obtener “el cese inmediato de las publicaciones y manifestaciones agraviantes”.
Según el escrito original de la demanda, la libertaria le “atribuyó falsamente” al mandatario una responsabilidad directa en el brutal ataque (un cabezazo) que sufrió el diputado provincial de LLA, Federico Pelli, en la localidad de La Madrid. La querella sostiene que los posteos imputan a Jaldo “haber instigado o enviado a una persona a cometer una agresión física” y lo responsabilizan de cualquier daño que pudiera sufrir la diputada o su familia.
“Una herida mortal al sistema democrático”
En su descargo, Molinuevo advirtió sobre el riesgo de que el proceso judicial se convierta en “una herramienta de estrategia política” y objetó que se la someta a la jurisdicción de un juez “que orgánica y presupuestariamente pertenece a la provincia gobernada por el actor”.
Sobre el contenido de sus redes sociales, la diputada fue tajante: “La censura ejecutada, aunque sea por un breve lapso, es una herida mortal al sistema democrático que no cicatriza con una sentencia absolutoria posterior”. Además, aclaró que al utilizar expresiones como “comportamiento típico de la mafia” o “prácticas oscuras de la vieja política”, no estaba imputando delitos penales, sino utilizando “una metáfora política para describir un modus operandi institucional” que considera antidemocrático.
Los próximos pasos
Este miércoles, el juez Cagna firmó las actuaciones que dan por presentada a Molinuevo en el expediente. Además, decidió correr traslado del planteo de incompetencia material por declinatoria a la representación legal de Osvaldo Jaldo, que ahora tiene un plazo de cinco días hábiles para emitir su opinión. Respecto al recurso de apelación, el magistrado hizo reserva “para ser proveído oportunamente”.
