El enfrentamiento político entre los concejales peronistas de Yerba Buena Gabriela Garolera y Walter “Kabuby” Aráoz volvió a quedar expuesto este jueves en el recinto deliberativo, donde la sesión se desarrolló en un clima atravesado por cuestionamientos cruzados, decisiones inusuales y un trasfondo de denuncias judiciales aún sin resolución.
La jornada comenzó a las 9.30 con una ausencia que condicionó el debate: Garolera no participó debido a que permanece internada tras haber sufrido una descompensación en su domicilio. En contrapartida, Aráoz sí asistió, pese a que todavía no se había materializado la restricción de acercamiento solicitada en su contra por la edil.
Apenas iniciada la sesión, el concejal tomó la palabra para anunciar que se abstendría tanto de intervenir en los discursos como de votar los puntos incluidos en el orden del día, entre ellos la cuenta de inversión, el presupuesto municipal y distintas ordenanzas. En ese contexto, tampoco se trató el proyecto de exámenes toxicológicos impulsado por Garolera junto a Mauricio Argiró, debido a la falta de dictamen de comisión.
En su intervención, Aráoz cuestionó las acusaciones en su contra y exigió definiciones del resto del cuerpo. “Verdades a medias no existen. Tienen la responsabilidad moral de decir lo que pasó y lo que no pasó”, sostuvo. Además, reconstruyó su versión de los hechos ocurridos durante la reunión de labor parlamentaria del viernes anterior. Según relató, llegó al encuentro a las 11.30 y presenció un episodio de tensión con “injurias y amenazas” hacia dos concejalas vinculadas a la presión para acompañar un proyecto, aunque aseguró que en ningún momento se dirigió a Garolera. “Esto atenta contra mi honor y busca perjudicar mi imagen”, afirmó.
El edil justificó su abstención en lo que definió como una imposibilidad de expresarse libremente en el recinto. “Estoy amordazado. No puedo debatir ideas porque en cualquier momento utilizan la perspectiva de género para realizar denuncias falsas”, dijo, al tiempo que apuntó contra supuestos operadores políticos vinculados a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.
En paralelo, Aráoz informó que presentó una acción judicial junto a su abogada, donde se puso a disposición del proceso, aportó elementos para desacreditar la denuncia y solicitó su archivo por considerar que se trata de una acusación falsa. También cuestionó el pedido de restricción perimetral impulsado por su par. “Se está utilizando esta denuncia para intentar sacarme del Concejo”, sostuvo.
Durante el extenso debate —que se prolongó por más de dos horas—, la concejal María Decoud Griet, presidenta de la Comisión de Salud, explicó que el proyecto de exámenes toxicológicos no fue descartado, pero que aún debe cumplir con los tiempos administrativos. “No podemos tratar iniciativas bajo presión sin el análisis correspondiente. Las comisiones funcionan y los expedientes siguen su curso”, señaló, al considerar que el episodio responde a un hecho puntual, aunque reiterado.
Otro momento de fricción se produjo cuando el cuerpo rechazó por mayoría un proyecto presentado por Garolera para expresar solidaridad con el diputado Federico Pelli tras una agresión sufrida en La Madrid. El argumento esgrimido fue que la iniciativa excedía los aspectos técnicos. En ese marco, la concejal Mercedes Moraiz fue crítica con su colega ausente: “Que se solidarice con la sociedad y con las mujeres que sufren violencia, y no abuse de su condición de género”, expresó, al recordar que existen dos denuncias previas impulsadas por la edil en el último año.
Desde otra perspectiva, el concejal Franco Marigliano cuestionó que se debatieran estos temas sin la presencia de Garolera. Consideró inapropiado referirse a una persona que no puede ejercer su defensa y calificó la situación como “cobarde”.
Mientras tanto, desde el entorno de la concejala informaron que su evolución es favorable y que podría recibir el alta en las próximas horas, aunque deberá continuar con reposo. El diagnóstico médico fue de “estrés emocional y laboral severo”, y allegados vinculan ese cuadro al conflicto político que atraviesa el Concejo. “Es consecuencia del hostigamiento, las amenazas y la violencia institucional y psicológica sufrida”, sostuvieron.
El episodio también generó repercusiones fuera del ámbito municipal. El legislador José Cano se pronunció sobre la iniciativa de controles toxicológicos y planteó la necesidad de avanzar con este tipo de medidas en todos los niveles del Estado. “No puede haber doble estándar. La función pública debe ejercerse sin condicionamientos”, afirmó, al recordar que presentó un proyecto para ampliar la normativa vigente y promover su adopción en municipios y comunas.
En este escenario, el Concejo Deliberante de Yerba Buena quedó atravesado por una disputa que excede lo institucional y que, lejos de resolverse, suma nuevos capítulos en cada sesión.
